A partir de mañana, comprar un coche eléctrico en España va a salir más caro. ¿El motivo? La no aprobación del decreto ómnibus, que acaba con dos medidas clave: el Plan Moves III, que tenía ayudas activas hasta junio de 2025, y la deducción de hasta 3.000 euros en el IRPF por adquirir un eléctrico.
Este golpe llega en un año donde Bruselas exige a los fabricantes que no pasen de 93,6 gramos de CO2 por kilómetro en las emisiones medias de sus ventas. Sin incentivos, conseguirlo será casi imposible, y las multas podrían dispararse hasta los 15.000 millones de euros.
España, a la cola de Europa en coches eléctricos
Por si fuera poco, España ya iba muy rezagada en la adopción del coche eléctrico. Mientras que en la Unión Europea la cuota de mercado de eléctricos está en el 13,6%, aquí apenas llegamos al 5,6%. Ahora, sin ayudas, avanzar será aún más difícil.
Las asociaciones del sector no han tardado en reaccionar. Anfac (fabricantes de coches) y Faconauto (concesionarios) han pedido que se reintroduzcan las medidas “cuanto antes”. Creen que sin ellas no se podrá avanzar hacia la electrificación ni transformar la industria automovilística española.
Un retroceso en la descarbonización
Desde Aedive, la asociación que impulsa la movilidad eléctrica, no ocultan su preocupación. Para ellos, el Plan Moves es clave en la estrategia de descarbonización de España, ya que no solo incentiva la compra de eléctricos, sino también la instalación de puntos de recarga. Arturo Pérez de Lucía, su director general, ha sido tajante: “No aprobar el decreto manda un mensaje muy contradictorio justo cuando deberíamos acelerar la electrificación”.
Lo que hemos perdido
Con el Moves III, se podían conseguir entre 7.000 y 9.000 euros por vehículo comercial de hasta 3.500 kilos si achatarrabas uno viejo. En el caso de turismos, las ayudas eran de 4.500 euros (o 7.000 euros si entregabas uno con más de siete años). Además, se incluían subvenciones de hasta el 80% para instalar puntos de carga en pueblos pequeños y del 70% en ciudades más grandes.
Ahora todo esto desaparece, y España se enfrenta a un reto monumental para cumplir los objetivos de reducción de emisiones en 2025. ¿Qué pasará ahora? Solo el tiempo dirá si los políticos reaccionan para evitar que nos quedemos aún más atrás.
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