El exsecretario de Estado de Hacienda, Miguel FerreEl exsecretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha abandonado su cargo como senior partner de Asuntos Públicos en la consultora Kreab, tras ser imputado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona en el conocido como ‘caso Montoro’, una investigación que involucra al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a otras 27 personas físicas y seis jurídicas por presunto tráfico de influencias.
Según ha confirmado Kreab a través de un comunicado, la salida de Ferre se produce por «acuerdo mutuo», con el objetivo de preservar la operativa de la compañía y permitir al exalto cargo del Ministerio de Hacienda «atender adecuadamente su defensa». Durante su ausencia, la dirección del área de Asuntos Públicos será asumida por Pablo Vera, actual socio de la firma.
El procedimiento judicial abierto investiga si los implicados aprovecharon su posición en el Gobierno para favorecer a determinadas empresas de gases industriales, clientes del despacho de abogados Equipo Económico, fundado por Montoro antes de ocupar la cartera ministerial.
Kreab ha subrayado que los hechos investigados ocurrieron hace más de una década y no guardan relación alguna con la firma, al tiempo que ha reiterado su compromiso con la aplicación estricta de sus normas internas de cumplimiento en todas sus relaciones institucionales. Además, ha recordado «la importancia de respetar la presunción de inocencia y evitar juicios precipitados que puedan dañar la dignidad y reputación de las personas investigadas».
Miguel Ferre, nombrado secretario de Estado de Hacienda en 2012 a propuesta de Montoro, ejerció el cargo hasta 2016. En su trayectoria profesional ha ocupado puestos relevantes como en la Representación Permanente de España ante la UE, el Ecofin, y ha sido subdirector general en la Agencia Tributaria (AEAT) y en la Dirección General de Tributos. También ha sido vocal en consejos de administración de entidades públicas como la SEPI, SEPES y el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
El avance de esta causa judicial podría tener importantes implicaciones políticas y empresariales en los próximos meses, en uno de los mayores casos de presunta corrupción institucional de la última década.
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