Antonio Garamendi, presidente de la CEOELa evolución de España está siendo admirada por toda Europa. Una especie de castillo económico que podría tambalear hasta desmoronarse si se cae en la autocomplacencia. Así lo cree el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien muestra su preocupación por el poco avance en los procesos de consolidación fiscal, por el elevado déficit y deuda pública, así como por los monólogos que impone Moncloa en ámbitos clave de la economía nacional, como es la nueva jornada laboral.
Desde Europa observan con admiración la evolución económica de España, pero ¿somos realmente el nuevo motor de la región o es solo una ilusión pasajera?
En los últimos años, es cierto que la economía española está creciendo más que la europea. Si lo analizamos, vemos que detrás de esta evolución hay varios factores. El primero de ellos es que la caída del PIB en 2020 fue más intensa en España que en Europa, por lo que la recuperación posterior de nuestra economía también ha sido más dinámica. El segundo es que nuestro país se ha visto relativamente menos afectado que otros países europeos por un conflicto bélico como es el de Rusia y Ucrania.
Un tercer factor es el aumento de la población en nuestro país, debido a la inmigración, lo que ha contribuido a que el consumo privado haya continuado avanzando a buen ritmo, al tiempo que ha impulsado el crecimiento de la población activa. Y, por último, otro elemento que ha jugado a favor de la economía española en estos últimos años es la composición sectorial, con un importante peso de los servicios y, especialmente, del sector turístico, que está demostrando un dinamismo más que notable.
Dicho esto, creo que no deberíamos caer en la complacencia y dar por hecho que nuestro país va a liderar el crecimiento económico europeo de forma indefinida. Los ciclos económicos pueden verse afectados por factores externos que pueden provocar que el PIB de un país sea una locomotora en Europa o un vagón de cola del que hay que tirar. La clave es poder sentar las bases para fortalecer los fundamentos económicos que nos permitan crecer con fuerza en los momentos expansivos del ciclo y soportar mejor las etapas de menor crecimiento.
¿De qué estamos hablando en el caso de España? De la necesidad en avanzar en asuntos como la consolidación fiscal, porque tenemos unos niveles de déficit y deuda públicos todavía elevados; de reducir una tasa de paro aún dobla la media europea; de impulsar la inversión en I+D+i; o, por ejemplo, de la necesidad de mejorar nuestra productividad.
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE
¿Cuáles son los principales retos que están afrontando las empresas españolas en la actualidad y cuáles prevé que llegarán a lo largo de 2025?
En un mundo globalizado, donde los cambios se producen cada vez a un ritmo más acelerado, con un entorno marcado por la incertidumbre y la volatilidad, los desafíos que se le presentan a las empresas son muchos y de naturaleza muy diversa.
Por citar sólo algunos. El reto digital: ninguna empresa puede quedarse al margen de la revolución digital y tecnológica, que está irrumpiendo con fuerza en los últimos años y que supone una mejora de productividad y competitividad muy notable. En segundo lugar, y más a nivel europeo, el tejido productivo trabaja para lograr mejoras en sostenibilidad, entendida en un sentido amplio. Es algo que vemos en CEOE día a día: el compromiso claro de las empresas, de todos los sectores y de todos los ámbitos de la economía de nuestro país, con la descarbonización y la sostenibilidad. Tenemos claro que todos los sectores están haciendo esfuerzos y repensando sus negocios en clave de sostenibilidad.
Podemos hablar también del desafío que supone para la empresa española gestionar y crecer en un entorno de costes elevados en ámbitos tan diferentes como son los fiscales, laborales y de las materias primas o inputs. También está influyendo en las empresas de una manera negativa la incertidumbre regulatoria, no sólo por los cambios constantes en las normas sino, también, por el aumento de las cargas burocráticas.
En todo caso, pese a estos retos, las empresas siguen generando empleo, como muestran mes a mes los datos del mercado laboral, y continúan exportando, lo que da muestras de su competitividad internacional.
¿Podrían estos retos acabar desinflando el crecimiento económico nacional?
Todos los retos que supongan impulsar mejoras en la competitividad y productividad de las empresas son favorables para el crecimiento económico en nuestro país. Porque son la base para su sostenibilidad y, a medio y largo plazo, suponen una mejora general del bienestar del conjunto de la sociedad.
Por el contrario, todos aquellos obstáculos que se introduzcan para hacer menos atractivo invertir en España, no sólo para las empresas sino, también, para los ciudadanos, lo que harán será reducir la capacidad de nuestra economía (y de la renta per cápita en España) para avanzar y para crecer de la economía española. No nos olvidemos de que la inversión, tanto en capital físico como en capital humano, es un pilar clave que favorece la creación de empleo y el desarrollo económico general.
A pesar de tener un leve repunte, la productividad sigue siendo un grave problema nacional, ¿qué se puede hacer para evitar seguir quedando rezagados del resto de la UE?
Para que aumente la productividad y, con ella, el PIB y el desarrollo en España, lo que hay que hacer es favorecer el mayor número posible de elementos que inciden en ella.
Cito algunos aspectos concretos. Hay que apoyar, por ejemplo, la mejora del capital humano, con un impulso a la cualificación y recualificación de los trabajadores. Es fundamental, también, favorecer el capital físico. Es decir, más y mejores inversiones, tanto públicas como privadas. Y este punto, las , donde las inversiones en infraestructuras tienen un papel destacado. Otro elemento clave es el impulso al capital tecnológico, particularmente, la capacidad para innovar.
Además de estos elementos concretos, necesarios para mejorar la productividad, es imprescindible contar con un marco regulatorio e institucional estable, predecible y que favorezca la actividad empresarial, Porque el papel que desempeñan las Administraciones afecta a temas como la fiscalidad o la seguridad jurídica. Porque el tejido productivo necesita condiciones y un entorno adecuado que favorezca el desarrollo y el crecimiento de las empresas y de los mercados.
¿La nueva jornada laboral empeorará el escenario de la productividad? ¿Qué otros efectos considera que traerá en el corto-medio plazo?
En este tema de la jornada laboral, el principal problema es cómo se ha planteado el asunto por parte del Ministerio de Trabajo. Desde el primer momento, las organizaciones empresariales hemos lamentado el monólogo social que está protagonizando el Gobierno en esta materia. Porque hay que decirlo claro: no hay diálogo cuando la hoja de ruta y el resultado de la negociación están ya fijados de antemano.
La realidad, es que la jornada laboral real en España ya es de unas 34,5 – 35 horas. Que las necesidades de las empresas son distintas dependiendo de su tamaño y de los sectores en los que desarrollan su actividad. Que un gran número de empresas tiene problemas para cubrir vacantes de determinados perfiles profesionales. Que el absentismo sigue creciendo en España…
En resumen, que hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Y el espacio más adecuado para tratar este asunto es donde ya se hace: en las 4.500 mesas de negociación colectiva que tenemos abiertas con los sindicatos y donde se valoran todos estos elementos, que son fundamentales a la hora de tener un debate de este tipo.
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE
Con la presión fiscal rondando el 40% del PIB, según el IEE, ¿qué impacto está teniendo en el sector empresarial?
El problema para el sector empresarial no es tanto la presión fiscal general como la específica. Es decir, la presión fiscal empresarial, que es la suma del Impuesto sobre Sociedades y las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. En España, esta presión fiscal empresarial está en un nivel superior al de la media de la Unión Europea, según los últimos datos de Eurostat.
En concreto, se sitúa 2,4 puntos por encima de la media europea. Porque en nuestro país, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades y las cotizaciones empresariales suponen un 12,6% del PIB, mientras que en la media de la UE su peso es sólo del 10,2%. Esto se traduce en que, en España, las empresas aportan un tercio de la recaudación de la recaudación total, frente al 25% de media en la UE.
En este sentido, entendemos que una fiscalidad más atractiva, con menores impuestos, favorecería el crecimiento de las empresas y una mayor inversión empresarial. Además, serviría también para atraer talento, precisamente en un momento en el que muchos sectores tienen problemas para cubrir vacantes y encontrar los perfiles profesionales que necesitan. Por el contrario, una fiscalidad elevada sobre las empresas sólo sirve para desincentivar inversiones e, incluso, puede llegar a provocar que éstas se deslocalicen.
¿Cuáles son, a su entender, las reformas fiscales urgentes que deben realizarse en España para facilitar el crecimiento empresarial, generación de empleo y llegada de inversiones?
Desde hace tiempo, los empresarios venimos defendiendo, por ejemplo, la necesidad de dar estabilidad al sistema tributario y evitar continuos cambios en este asunto. En especial, si tienen efectos retroactivos o si suponen provocar incertidumbre y paralizar o retrasar decisiones de inversión en nuestro país, tanto por parte de empresas nacionales como de las que vienen de fuera.
También hemos insistido en que hay que reducir las tasas de economía sumergida existentes, de manera que el sistema tributario sea más justo, distribuya la presión fiscal de manera más equitativa y permita reducir el déficit presupuestario sin incrementar la presión fiscal. Asimismo, entendemos que no se debería incrementar la presión fiscal empresarial y que sería deseable reducir las cotizaciones a la Seguridad Social, así como eliminar las restricciones a la deducción de intereses y compensación de pérdidas en el Impuestos sobre Sociedades.
Otro aspecto clave: reducir la excesiva litigiosidad en este ámbito. Esto pasan por ejemplo, por mejorar las fórmulas de colaboración con la Administración y por fijar unos criterios interpretativos que sean claros. Y, en general, insistimos también en que hay que coordinar las políticas tributarias centrales y autonómicas, para evitar la proliferación de impuestos y tasas de las Comunidades. Por ejemplo: es necesario establecer unos principios básicos para los tributos de tipo medioambiental, de manera que podamos evitar que se creen situaciones anticompetitivas y que se pueda romper la unidad de mercado.
Las negociaciones con el Gobierno no están siendo fáciles, ¿cuáles considera que son los principales problemas que están teniendo? ¿Está realmente impulsándose un diálogo social desde Moncloa?
Insisto en lo que comentaba antes. En algunos asuntos, más que diálogo social lo que parece que quiere practicar el Gobierno es un monólogo social. Cambiar las reglas del juego en mitad del partido, como ha ocurrido al modificar la estructura de la negociación colectiva o como ha planteado el Ministerio de Trabajo con el límite máximo de la jornada legal, por cumplir pactos políticos no es diálogo social. Es gobernar contra las empresas, contra el país y contra los propios ciudadanos.
Yo siempre digo que el diálogo social es imprescindible para lograr la paz social que es la mejor infraestructura que tiene un país. Por eso quiero reivindicarlo, como llevamos haciéndolo en CEOE desde nuestros inicios, en 1977. Creo que es más necesario que nunca hacerlo cuando hay quien pone en duda su valor y se trata de poner barreras y límites a quienes tenemos la responsabilidad de llevarlo a la práctica, en nombre del conjunto de los ciudadanos.
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE
Durante los últimos meses se conoció la llegada de grandes inversiones a España de la mano de grandes multinacionales, ¿prevé que se repetirán a lo largo de 2025?
Esperemos que sí, porque sería una gran noticia para la economía. El problema es que lo que detectamos es un estancamiento de la inversión. Porque todavía se sitúa por debajo de la registrada en 2019, antes de la pandemia, frente a lo que ocurre en la Eurozona, donde ya se ha recuperado y está al alza. Le doy una cifra: la inversión extranjera en España cayó el año pasado un 20% y apenas superó los 28.000 millones de euros, la peor cifra desde el estallido de la pandemia. Y esto nos preocupa porque la inversión es clave para garantizar el crecimiento futuro.
Es un elemento fundamental para hacer frente a los retos de la transición digital y de sostenibilidad y a los bajos niveles de productividad de nuestra economía. Para que la economía pueda alcanzar su máximo crecimiento potencial. Y para que despeguen las inversiones lo que necesitamos es lo que le comentaba antes: un clima normativo, político e institucional propicio para la empresa y para el desarrollo económico.
¿Cómo transformará la IA al tejido empresarial español y qué se debe hacer para sacar el máximo provecho a esta nueva tecnología?
Está claro que la Inteligencia Artificial se va a convertir en un factor decisivo de competitividad y productividad. Y así lo ven ya las empresas. En un informe de hace unos meses sobre este asunto ya se recogía que la mitad de las pymes en España considera que la IA representa una oportunidad para sus negocios.
De hecho, la llegada de la inteligencia artificial ha revolucionado por completo la gestión empresarial por su aplicación totalmente transversal. Y de esto ya se están beneficiando múltiples áreas, sectores y tipos de compañías. Por ejemplo, con ahorro de tiempo y recursos gracias a la automatización de tareas o un mayor y mejor conocimiento del cliente, un elemento clave a la hora de mejorar la eficacia de las decisiones a tomar. Es decir, que la IA va a impulsar, están impulsando ya, la productividad de nuestras empresas y, con ello, la competitividad, la flexibilidad de los equipos o la simplificación de tareas.
Lo que está claro es que el presente y el futuro de nuestra economía van a estar determinados por la capacidad que tengamos de integrar la transición digital que vivimos, de manera estratégica en el conjunto de la actividad productiva, en la propuesta de valor de cada empresa y en nuevos modelos de negocio. Y de convertir esta transición en una palanca de mejora, en una oportunidad clara para modernizar la economía y fortalecer nuestro tejido productivo.
¿Cuál le gustaría que fuera su gran legado en la CEOE cuando acabe la legislatura en 2026?
Desde que comencé mi tarea al frente de CEOE, en 2018, lo que he trabajado ha sido por consolidarla como portavoz de todo el tejido empresarial español, desde las grandes empresas hasta las más pequeñas y también autónomos y emprendedores, impulsando su participación en los grandes debates que afectan a España y defendiendo los intereses de las empresas y los empresarios en todos los ámbitos y foros.
Que CEOE sea una organización útil, transparentes y con capacidad de influencia. Desde la independencia, el sentido de Estado y la lealtad institucional. Impulsando el diálogo social y favoreciendo acuerdos que permitan mejorar la situación de las empresas y, también, del conjunto de la sociedad. Y todo ello, poniendo en valor a las empresas y su trabajo, su papel como creadoras de riqueza y empleo, de prosperidad para todos. Porque tengo claro que sin la contribución de los empresarios no hubiera sido posible el progreso y la modernización de nuestro país.