Marta Vall-llossera FerranMarta Vall-llossera Ferran, nacida en Lérida (Cataluña) en 1962, es una arquitecta española que fue decana del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB) entre los años 2015 y 2021. Actualmente, ejerce de Presidenta del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), puesto que consiguió en febrero de 2022.
Vall-llossera defiende la urgencia de gestionar ayudas europeas de los fondos de recuperación y resiliencia con el objetivo de rehabilitar viviendas, edificios y barrios españoles, así como efectuar una regeneración y renovación de las ciudades del país. Siguiendo esta convicción, la Presidenta de CSCAE ha dedicado todos sus esfuerzos y trabajo a la rehabilitación y sostenibilidad del entorno construido en España. Además, apuesta por una arquitectura que defina nuevos modelos sociales y estándares de bienestar, que «se han de abordar de manera conjunta, sostenible, socialmente inclusiva y económicamente viable, con medida y equilibrio».
Hablamos con ella sobre la situación de la arquitectura española con respecto a la europea y qué medidas se pueden aplicar o se aplicarán en el futuro para que cumpla con las normas de la UE.
La directiva de eficiencia energética en edificios de la UE es clave para la descarbonización en 2050, pero ¿qué impacto tendrá en el sector inmobiliario español?
La nueva versión de la EPBD establece instrumentos -como el registro digital, el pasaporte de renovación o la nueva certificación energética europea–. Esto influirá, sin duda, en la forma en la que los/as arquitectos/as proyectamos los espacios que habitamos, pero también en el conjunto del sector, ya que obligará a considerar las emisiones de efecto invernadero de una forma global y esto incluye desde las emisiones derivadas de la fabricación de los materiales hasta las técnicas de construcción y el mantenimiento y la gestión de los edificios durante todo su ciclo de vida. Los edificios son responsables de la emisión de gases de efecto invernadero antes, durante y después de su vida útil. Son repositorios de recursos a lo largo de muchas décadas, así que su diseño y las elecciones de materiales influyen considerablemente en las emisiones durante su ciclo de vida completo.
Por lo tanto, la eficiencia energética a lo largo de todo el ciclo de vida de los edificios debe tenerse en cuenta no solo en los edificios de nueva construcción, sino también en el parque ya construido. En este sentido, la nueva versión de la directiva europea establece que todos los edificios nuevos deben ser edificios de cero emisiones en 2030 como muy tarde. Para hacerlo posible, en concreto, en la nueva construcción se va a introducir el indicador de Potencial de Calentamiento Global (PCG), que va a obligar a considerar las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la fabricación de los materiales y esto supondrá cambios en los productos y las técnicas de construcción. Pero no podemos olvidar los edificios ya existentes.
En nuestro país, más del 55% de los edificios se construyó antes de la entrada en vigor de la primera normativa que marcó unos mínimos de eficiencia energética, y, de acuerdo con la nueva versión de la EPBD, deben transformarse en edificios de cero emisiones en el año 2050 máximo. Ése es el reto porque no se trata únicamente de mejorar el aspecto energético de los edificios, sino de buscar y encontrar sinergias para rehabilitar un parque edificado muy envejecido, a nivel general, de una forma integral, aunando eficiencia energética, accesibilidad y conservación, y regenerar nuestras ciudades con una visión igualmente integral. Como sociedad, hemos de aspirar a dar respuestas adecuadas al conjunto de las demandas de la población del siglo XXI y al desafío climático, mejorando, además, instrumentos que ya existen, como las certificaciones energéticas para garantizar a los/as usuarios/a unos estándares adecuados de calidad, ya que, de que sean rigurosas y veraces o no, van a derivar, entre otras cosas, los costes mensuales que van a tener que pagar por las facturas energéticas.
¿En qué situación se encuentra España con respecto al resto de la Unión Europea?
Como hemos apuntado antes, España cuenta con uno de los parques edificados más envejecidos e ineficientes de Europa. Mientras que países como Alemania o Francia rehabilitan su parque edificado a un ritmo del 1,5% y 2% anual -una tasa que la UE lleva años recomendando elevar al 3% para alcanzar el reto de un sector descarbonizado en 2050-, en España, apenas ha existido una cultura de la conservación y el mantenimiento de viviendas y edificios. En consecuencia, en estos momentos, es preciso acometer una transformación profunda de la mayoría de los 25,7 millones de viviendas que existen en España no solo desde el punto de vista energético, sino también en materia de accesibilidad, funcionalidad y conservación. En este sentido, esta gran rehabilitación, que es la que permitirá adaptar nuestro parque residencial a los retos climáticos, sociales y económicos de nuestro tiempo, se sitúa 8 veces por debajo de las medias de los países europeos con los que podemos compararnos.
En 2023, de acuerdo con las estadísticas de visado de los Colegios de Arquitectos, el número de viviendas visadas para gran rehabilitación aumentó un 9,4%. Pasó de 34.525, en 2022, a 37.783 (+3.258). Es el mejor dato de los últimos cinco años. Pero sigue siendo insuficiente para alcanzar los objetivos de rehabilitación establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y en la Estrategia a largo plazo de rehabilitación energética de edificios para 2030 y 2050. Si queremos cumplir los objetivos para 2050, año que Europa ha marcado para la descarbonización del sector, deberíamos elevar el número de rehabilitaciones a 300.000-350.000 al año.
Marta Vall-llossera Ferran
¿Cuáles son las comunidades autónomas que se encuentran más atrasadas?
No disponemos de datos comparativos, si bien, de acuerdo con las estadísticas de visado de los Colegios de Arquitectos, en 2023, La superficie visada para obra nueva y rehabilitación retrocedió, de forma generalizada en la mayoría de los territorios del país, a excepción de las subidas, superiores al 80%, registradas en Murcia (+89,92%) y Cantabria (+83,15%), debido, fundamentalmente, a operaciones de carácter no residencial y que, por lo tanto, no sirven para marcar tendencias. También aumentó en Islas Canarias (+21,67%) y la Comunidad de Madrid (+9%).
Ante este preocupante escenario, ¿qué medidas debería tomar la Administración Pública para impulsar la reforma de los edificios ya existentes?
En el contexto de crisis derivado de la pandemia de Covid19, el Gobierno se sirvió del instrumento Next Generation EU para aprobar un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla ayudas históricas para impulsar la ‘ola de renovación’ de viviendas y edificios que, de hecho, promueve la Unión Europea. Como estuvimos reivindicando desde el CSCAE, de esta forma, el Ejecutivo asumió que la edificación es un sector estratégico para cumplir con los objetivos marcados en las agendas internacionales, desde los ODS a los Acuerdos de París. Sin embargo, el contexto ha jugado a la contra: la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania, con el aumento de los costes de la energía que ello supuso, la inflación y la subida de los tipos de interés han elevado los costes de vida para una mayoría de la población, y esto también ha tenido un impacto directo en el sector de la construcción y, como hemos visto, en los datos de visado, a pesar del aumento de consultas que han registrado las Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación de los Colegios de Arquitectos.
Esto y la buena acogida que ha tenido entre la población la Guía Vecinal de Rehabilitación constatan el interés en rehabilitar y en hacerlo de una forma planificada, integral, pero hay una serie de barreras, identificadas en el informe RehabilitAcción Ciudadana. Propuestas a las Administraciones Públicas, que es preciso superar. Entre otras soluciones, habría que establecer programas de ayudas ágiles, accesibles y transparentes que generen confianza, simplificar los textos de las convocatorias, unificar normativas, desburocratizar los trámites preservando todas las garantías, y ofrecer ventanillas únicas estables de asesoramiento a la ciudadanía y a los profesionales. Asimismo, si queremos impulsar una verdadera cultura de la rehabilitación, como existe en otros países de nuestro entorno, hemos de pensar más allá de los fondos Next Generation. Son necesarios programas de ayudas a largo plazo (al menos, 10 años) que sean estables en el tiempo y flexibles en función de la coyuntura económica y social, además de sistemas ágiles de concesión y pagos. Pero, sobre todo, hace falta pedagogía.
La población debe conocer los beneficios de la rehabilitación. Tiene que saber que rehabilitar los edificios tiene un impacto en el ahorro energético de su vivienda y, por lo tanto, en la mejora de la economía de los hogares, pero también supone una mejora de la habitabilidad y el confort de las viviendas; mejoras en la salud y en la calidad de vida que, por ende, se traducen en ahorros en atención sanitaria, revalorización del patrimonio construido y todo esto, además, genera empleo para un sector de la edificación que es estratégico para el progreso de nuestro país y que debe modernizarse y profesionalizarse aún más para atraer talento joven y femenino. Este es el trabajo que venimos haciendo desde el CSCAE de la mano de entidades como la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales y a través del Observatorio 2030 del CSCAE.
¿Cree que los requisitos de eficiencia energética aumentarán los costes de la vivienda nueva a partir de 2030?
A día de hoy, no podemos hacer estimaciones. En primer lugar, porque qué es un edificio de cero emisiones (según la nueva EPBD, aquel ‘con una demanda de energía muy baja, cero emisiones de carbono procedentes de combustibles fósiles in situ y cero o una cantidad muy baja de emisiones de gases de efecto invernadero operativas’) deberá ser determinado por cada país miembro, aunque implicará trabajar en una línea que ya conocemos porque los edificios nuevos actuales ya deben cumplir unas exigencias de eficiencia energética elevadas y los nuevos requisitos mínimos de eficiencia energética serán un paso más en esa dirección.
Otra cosa -y esta sí es nueva- es la limitación al Potencial de Calentamiento Global (PCG) que, a partir de 2030, ya deberá estar establecido para los edificios nuevos y que exigirá restricciones también a las emisiones en la fabricación de materiales. Esto afectará a procesos industriales y puede suponer incrementos de costes. No obstante, hasta que estén definidos los límites al PCG para 2030 -y que evolucionarán hasta 2050 en el que debemos alcanzar el edificio cero emisiones- será difícil hacer predicciones de costes. Hay que hacer los trabajos previos de evaluación y establecimiento de límites progresivos -el primero, en 2030- para evaluar costes.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta tres consideraciones: 1) el coste de la vivienda nueva está determinado en gran medida por factores externos a los costes de construcción, como es el caso del valor del suelo, que son mucho más significativos que los aumentos de costes que vaya a suponer la actualización de la EPBD; 2) la descarbonización no es otra cosa que la internalización de unos costes que, actualmente, se externalizan en forma de cambio climático y que alguien paga y pagará mucho más caros, ahora o en el futuro, cuando construimos y usamos una vivienda. Lo que se hace es pagar el precio justo, no pasarle parte del precio al futuro; y 3) las exigencias que provienen de la EPBD – como sucede en casi todas las normativas- tienden a mejorar la calidad de uso de la vivienda, su resiliencia frente al cambio climático y a asegurar su valor como inversión en el futuro.
Por lo tanto, llegado el momento y como premisa, debería primar el valor de uso de la vivienda y, en consecuencia, desde la Comisión Europea a los Estados miembros y las Administraciones Públicas a todos los niveles han de velar por su asequibilidad, entendiendo el acceso a una vivienda digna y adecuada como un derecho humano universal, lo que implica activar las medidas que sean necesarias con estrategias consensuadas y a largo plazo.
¿Está el CSCAE en conversaciones con el Gobierno para impulsar la transformación arquitectónica del país? ¿Cómo avanzan las negociaciones?
La relación del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos con el Gobierno y, en concreto, con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es estrecha. Uno de los objetivos prioritarios es la preservación y mejora del entorno construido.
En 2022, la aprobación de la Ley de Calidad de la Arquitectura, que consagra el interés general de Arquitectura y sus valores inapelables para avanzar hacia un mundo mejor, más justo y sostenible, situó a nuestro país en una posición de vanguardia dentro del conjunto de la Unión Europea en la defensa del entorno construido, en línea con la Declaración de Davos, que se firmó en 2018, o la Nueva Bauhaus Europea, que introduce en el Pacto Verde Europeo la necesidad de preservar los valores culturales y las singularidades de nuestros pueblos, protegiendo y potenciando el diseño y la belleza e impulsando la participación ciudadana.
Más allá de esa aprobación, mantenemos una relación permanente con el Ministerio en el desarrollo reglamentario de la Ley y también en otras iniciativas, como la “ola de renovación” de viviendas y edificios, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para que ambos tengan efectos reales en la mejora de nuestros pueblos, ciudades y territorios y, por extensión, en la mejora de la calidad de vida de vida de las personas.
¿Cómo será la arquitectura española y europea cuando llegue 2050?
Durante la pandemia de Covid-19 y, sobre todo, durante los duros meses de confinamiento que vivimos, todos fuimos conscientes de la importancia que tienen los espacios que habitamos y éstos no acaban en la puerta de nuestra vivienda o de nuestro edificio. La calidad tiene que ver con el confort, la accesibilidad, y con la funcionalidad de nuestros hogares. También con su seguridad -y aquí hemos de hablar de su necesaria conservación y mantenimiento- porque del mantenimiento que hagamos de nuestras viviendas depende, directamente, que nuestras viviendas sean ese refugio que queremos, tanto si estamos de alquiler, como si es en propiedad. Esa calidad es condición sine qua non para nuestro bienestar físico, mental y emocional, pero en él también influye la calidad del entorno urbano, de nuestros barrios y del conjunto de la ciudad, porque todo, en realidad, desde nuestros edificios hasta la trama urbana en la que se inscriben funcionan como un organismo que hay que atender de una forma global.
En el contexto de crisis medioambiental y geopolítica en el que nos encontramos, con un aumento de las desigualdades en todo el mundo y una tendencia progresiva y generalizada a la pérdida de calidad tanto en el entorno construido, como en los paisajes abiertos, hace años que, en el seno de la Unión Europea, pero también desde otros organismos internacionales, como Naciones Unidas, hay un amplio consenso sobre la importancia de la apostar por aquello que garantiza la perdurabilidad, la sostenibilidad del planeta y la dignidad de las personas, promoviendo políticas públicas e iniciativas que sitúen la calidad del entorno construido, su cuidado y su conservación, en el epicentro de las transformaciones urbanas.
Éste era el núcleo de la Declaración de Davos y, en sintonía con ella y con la Agenda 2030 de la ONU y las Agendas Urbanas, es el fundamento de la Nueva Bauhaus Europea y de la Ley de Calidad de la Arquitectura.
© Reproducción reservada