BruselasLa Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no aplicar plenamente la ley de Servicios Digitales (DSA) en su normativa nacional. Esta medida marca el último paso del procedimiento de infracción de la UE, y se extiende también a Portugal, República Checa, Chipre y Polonia.
La normativa comunitaria exige que cada Estado miembro designe un coordinador de Servicios Digitales con competencias claras para supervisar y hacer cumplir las normas aplicables a plataformas como Facebook o Apple. Aunque algunos de estos países han nombrado a dicho coordinador, la Comisión considera que no cuentan con las facultades necesarias para ejercer sus funciones. En el caso de Polonia, ni siquiera se ha designado a dicha figura.
Además, los países afectados aún no han establecido el régimen de sanciones previsto para aplicar cuando se infrinja el Reglamento, pese a que la fecha límite para hacerlo era el 17 de febrero de 2024. La Comisión Europea ya había enviado un dictamen motivado a España el pasado 3 de octubre de 2024, segundo paso del proceso que se inició el 25 de julio del mismo año.
En paralelo, Bruselas también ha enviado un dictamen motivado a España y a otros once países por no incorporar a su legislación nacional la directiva actualizada del Comercio de Emisiones. El plazo para cumplir con esta obligación venció en diciembre de 2023, pero países como Bélgica, Bulgaria, Letonia, Estonia, Hungría, Rumanía o Finlandia tampoco han completado la transposición.
Esta directiva fortalece el sistema al extenderlo al transporte marítimo, reducir las emisiones permitidas, limitar la asignación gratuita de derechos y reforzar los fondos para la descarbonización. También se incrementa la ambición en el sector de la aviación, aplicando un régimen de compensación de emisiones para los vuelos internacionales.
La Comisión Europea subraya que la transposición completa de estas normas es esencial para asegurar el funcionamiento del mercado interior, evitar distorsiones y cumplir con los objetivos climáticos de la UE para 2030.
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