PexelsTras un agitado debate, el Congreso de España aprobó este jueves una polémica ley de amnistía que beneficiará a los políticos, líderes catalanes y ciudadanos implicados en el proceso independentista catalán (procés). La iniciativa, pactada en noviembre de 2023 por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los partidos independentistas catalanes Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), fue clave para la investidura del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
La Ley de Amnistía fue aprobada con 177 votos a favor y 172 en contra. Las fuerzas políticas independentistas y de izquierdas calificaron la jornada como «histórica». «En política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. Hoy España es más próspera y está más unida que en 2017. La convivencia se abre camino», publicó Sánchez en X (antiguo Twitter) poco después de la votación.
Objetivos de la ley de amnistía
La ley, con la que el gobierno espera poner fin a todas las causas judiciales relacionadas con el procés, busca favorecer “la normalización institucional, política y social en Cataluña”. Sin embargo, la oposición, liderada por el Partido Popular (centro-derecha), criticó duramente la norma, calificándola de «intercambio de poder» a cambio de «privilegios e impunidad». El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, afirmó que “comprar una presidencia a cualquier precio” tendrá consecuencias y que jurídicamente “será cuestión de los tribunales la derrota de la ley”. La ultraderecha de Vox y dos pequeños partidos regionales también se opusieron a la ley.
La batalla en los tribunales
Una vez se publique la ley en el Boletín Oficial del Estado, previsiblemente la semana que viene, los tribunales tendrán dos meses para implementarla, lo que anulará los procesos abiertos contra unas 400 personas encausadas por el procés. Entre ellos se encuentra el expresidente del gobierno autónomo de Cataluña, Carles Puigdemont, quien huyó de España en 2017 tras la celebración de un referéndum de independencia declarado ilegal por la Justicia. Este plebiscito, celebrado el 1 de octubre de 2017, dio pie a una declaración unilateral de independencia de Cataluña y a la apertura de numerosas causas judiciales contra sus promotores.
De la Ley de Amnistía también podrán beneficiarse políticos, cargos públicos, policías y ciudadanos anónimos, muchos de los cuales fueron encausados por los disturbios desatados en 2019 tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por sedición a los líderes independentistas que organizaron el referéndum.
Desafíos y oposición
La tramitación de la ley ha sido tortuosa debido a la oposición de PP y Vox, y su aplicación no parece que vaya a ser menos complicada. La ley puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, como ya han anunciado que harán distintas comunidades autónomas gobernadas por el PP. Algunos expertos han cuestionado su constitucionalidad, al considerar que favorecería a unos ciudadanos en detrimento de otros. Además, los tribunales deberán aplicarla caso por caso, y no se descarta que alguno de ellos recurra al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podría paralizar su aplicación hasta que se pronuncie al respecto.
El futuro de las relaciones con Cataluña
Desde su llegada a La Moncloa en 2018, una de las prioridades de Pedro Sánchez ha sido relajar las tensiones con Cataluña, que dominaron el debate político español durante años. La amnistía, cree el gobierno, puede dar carpetazo a este proceso. Sin embargo, la ley de amnistía también ha sido una necesidad política para Sánchez, ya que fue el principal requisito que exigieron los partidos independentistas para darle su apoyo en la formación de un gobierno el pasado noviembre.
La oposición advirtió entonces que el sector independentista no se conformaría con la ley y que sus demandas no acabarían ahí. Tras la aprobación de la norma, Junts y ERC se han felicitado por el trabajo realizado para sacarla adelante, pero han dejado claro que sus demandas continúan: «próxima parada: referéndum», declaró en el Congreso el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.
Sin embargo, el separatismo ha perdido fuerza en Cataluña, como pudo verse en las recientes elecciones autonómicas, en las que el Partido Socialista fue la fuerza más votada y aún negocia con otros partidos para formar gobierno.
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