GettyImagenEl Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, encabezado por Pablo Bustinduy, anunció una nueva normativa que regulará los algoritmos utilizados por las empresas para personalizar precios y publicidad.
La medida busca garantizar que los criterios empleados sean accesibles y transparentes para los consumidores, evitando prácticas discriminatorias o abusivas.
Durante el acto “Derechos de las personas consumidoras y usuarias en el ámbito digital”, celebrado en el Ministerio con motivo del Día Mundial de las Personas Consumidoras, Bustinduy explicó que las compañías no podrán modificar automáticamente los precios durante el proceso de compra.
El riesgo de los algoritmos
Esta restricción pretende evitar que los usuarios tomen decisiones precipitadas por temor a variaciones inesperadas en el costo de un producto o servicio.
Además, se prohibirá el uso de parámetros que discriminen a los consumidores o que aprovechen situaciones de vulnerabilidad, como la urgencia o la necesidad.
Por ejemplo, en servicios de transporte con tarifas dinámicas, las empresas estarán obligadas a detallar cómo se calculó el precio del trayecto, ya sea por la distancia, la hora del viaje o la demanda en la zona.
Sin embargo, no podrán establecer tarifas basadas en factores como la discapacidad del usuario, su perfil racial o una situación de emergencia, como la baja batería de su teléfono móvil.
La iniciativa se enmarca en las acciones que el Ministerio impulsó previamente para proteger a los consumidores en situaciones críticas.
En octubre de 2024, durante la DANA que afectó a diversas regiones de España, el departamento de Bustinduy ya prohibió que las empresas aplicaran aumentos de precios ante picos de demanda generados por emergencias.
“Ningún modelo de negocio puede sustentarse sobre la vulneración de derechos”, subrayó Bustinduy, destacando la necesidad de democratizar las relaciones económicas y asegurar un consumo justo y transparente.
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