Eurus EnergyEl Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de arbitraje del Banco Mundial, ha rechazado la solicitud de España para anular el laudo que le obliga a indemnizar con más de 106 millones de dólares (unos 91 millones de euros) a Eurus Energy Holdings Corporation, empresa japonesa vinculada al grupo Toyota, por los recortes retroactivos al régimen de energías renovables.
La decisión eleva el importe total adeudado a la compañía a unos 113 millones de dólares (algo más de 97 millones de euros), al incluir intereses desde junio de 2021 y costes legales de 3,4 millones de euros. El fallo llega pocas semanas después de que se ordenara embargar en Bélgica los ingresos que España recibe por tasas aéreas a través de Eurocontrol y Enaire, en el marco de otro caso de renovables.
Un laudo firme y reiteradas derrotas
El laudo original, emitido en febrero de 2021, concluyó que España vulneró el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) al modificar de forma retroactiva el marco regulatorio que incentivaba la inversión extranjera en energía eólica. Eurus Energy, que había invertido en 15 parques eólicos —12 en Galicia y 3 en Asturias— bajo el sistema de tarifas reguladas (Feed-in Tariffs, FiT), vio afectada gravemente la rentabilidad de sus proyectos por las reformas de 2012-2014, que incluyeron un impuesto del 7% a la venta de energía, la sustitución del FiT por una vaga “rentabilidad razonable” y la retirada retroactiva de primas anteriores a 2013.
Con este nuevo revés, España acumula más de 25 procedimientos arbitrales perdidos por la retirada de las primas renovables, con una deuda total de 1.492,8 millones de euros a 26 empresas acreedoras, que asciende a 1.850,9 millones al incluir intereses y costas, según el portal Spanish Renewable Debt. El país lidera la lista mundial de laudos incumplidos, por delante de Venezuela y Rusia.
Impagos y embargos internacionales
La política de impago mantenida por el Estado ha llevado a los inversores a recurrir a tribunales de terceros países, obteniendo embargos sobre activos españoles en el extranjero. No obstante, en junio de 2025 el Gobierno abonó por primera vez una sentencia de este tipo, pagando 32 millones de euros a la japonesa JGC Corporation.
Mientras no se liquiden los 26 laudos restantes, España seguirá afrontando reclamaciones, embargos y un deterioro de su reputación como destino inversor, con un coste económico estimado en 19.926 millones de euros en incertidumbre y riesgo legal.
© Reproducción reservada