Pedro SánchezEn un movimiento significativo, la justicia belga ha seguido los pasos de los tribunales británicos al autorizar el embargo de los ingresos económicos que obtiene el Reino de España a raíz de la gestión del tráfico aéreo. Estos ingresos, canalizados por Eurocontrol a través de la empresa pública Enaire, serán ahora dirigidos a una de las compañías afectadas por el impago de indemnizaciones que suman más de 1.560 millones de euros. Estas compensaciones son consecuencia de la retirada retroactiva de las primas a las energías renovables por parte de España.
Contexto y decisiones previas
El Reino de España enfrenta numerosas demandas de más de 25 empresas afectadas, que han llevado el caso a tribunales de diferentes países debido al impago de estas compensaciones. La justicia británica ya había reconocido estas deudas, autorizando embargos sobre bienes y activos españoles, incluidos la sede del Instituto Cervantes en Londres, una oficina económica dependiente de la Generalidad de Cataluña, la Escuela Internacional Vicente Cañadas, varias cuentas bancarias y la indemnización por la catástrofe del Prestige, valorada en más de 900 millones de euros.
El fallo de la corte de apelaciones de Bélgica
La Corte de Primera Instancia de Bruselas recibió la petición original en mayo, y la sala 17 de la Corte de Apelaciones emitió su fallo el 18 de junio, autorizando el embargo solicitado por Blasket Renewable Investments, una de las empresas afectadas. El juez Degreef, basándose en los artículos 1412 y 1539 del Código Penal de Bélgica, concluyó que «el denunciante posee un derecho de cobro que hace a España susceptible del embargo reclamado». Además, el juez subrayó que «nada impide al Reino de España que pueda cumplir voluntariamente con su obligación de pagar a sus acreedores».
Implicaciones del embargo
El fallo autoriza el embargo de los pagos que Eurocontrol debía realizar a Enaire, permitiendo que Blasket Renewable Investments cobre más de 32 millones de euros. En 2022, los pagos de Eurocontrol a Enaire alcanzaron aproximadamente 582 millones de euros, con un saldo mensual medio cercano a los 50 millones. La deuda de España con Blasket incluye 28 millones de euros de compensación original del caso Infrared, más 4 millones en intereses de demora y 4,6 millones en condenas en costas.
Repercusiones económicas y búsqueda de acuerdos
El impacto de estos embargos se extiende más allá de los pagos inmediatos. Las más de 25 empresas afectadas han calculado que las indemnizaciones, intereses de demora y costas legales elevan el monto adeudado a cerca de 1.870 millones de euros, con un incremento diario cercano a los 100.000 euros. Además, España enfrenta la amenaza de un procedimiento de default técnico que podría afectar a cuatro títulos de deuda pública y causar un daño económico de hasta 7.340 millones de euros debido al aumento del riesgo e incertidumbre.
Las empresas afectadas han expresado su deseo de llegar a un acuerdo con el gobierno español. En mayo, presentaron en Madrid una propuesta para una solución constructiva que permita el pago de las obligaciones pendientes y reestablezca la seguridad jurídica. Estas empresas están dispuestas a reinvertir en España si se llega a un acuerdo satisfactorio.
Perspectivas y desafíos futuros
Esta decisión de la justicia belga coincide con el próximo nombramiento de Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del gobierno, en Bruselas. Las empresas afectadas consideran vital que Ribera facilite un acuerdo que resuelva la situación y evite nuevos embargos.
Además de Bélgica y el Reino Unido, la justicia suiza y alemana también se ha pronunciado en contra de España respecto a este problema. La Corte Suprema australiana ha abierto la puerta a medidas similares, mientras que en Estados Unidos hay alrededor de diez procedimientos legales abiertos, uno de los cuales celebró su primera vista oral en febrero, donde la postura de España fue duramente criticada.
La situación destaca la necesidad urgente de una solución diplomática y legal para evitar mayores daños económicos y restaurar la confianza de los inversores en la seguridad jurídica de España.
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