Comisión EuropeaLa Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por considerar que aplica una fiscalidad discriminatoria a los extranjeros que poseen vivienda habitual en el país.
El Ejecutivo comunitario envió una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, señalando que esta práctica vulnera las normas de la Unión Europea sobre libre circulación de trabajadores y capitales.
El foco del conflicto está en el tratamiento fiscal que reciben los contribuyentes no residentes, quienes, a diferencia de los residentes, deben abonar un impuesto del 2% sobre el valor catastral de su vivienda habitual en la declaración del IRPF.
Bruselas recuerda que los residentes están exentos de tributar por su residencia habitual en este impuesto, lo que supone un trato desigual contrario al derecho comunitario.
A partir de ahora, España dispone de dos meses para presentar sus alegaciones y adoptar las medidas necesarias para corregir la situación.
Si no lo hace, la Comisión podría emitir un dictamen motivado y, en última instancia, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Otro caso ante la Comisión Europea
Simultáneamente, el Ejecutivo comunitario decidió escalar otro procedimiento contra España por incumplimiento de la directiva europea sobre transparencia en las condiciones laborales.
En este caso, Bruselas llevará al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la UE, al considerar que no implementó completamente la normativa.
Esta directiva obliga a informar a los trabajadores sobre aspectos esenciales de su relación laboral, como el horario de trabajo o la remuneración.
Aunque España comunicó en febrero de 2025 que incorporó algunas disposiciones a su legislación nacional, la Comisión considera que los cambios son insuficientes.
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