La justicia europea tumba la opacidad de la Comisión sobre los mensajes entre Von der Leyen y Pfizer

Ursula Von der LeyenGettyImagen

El Tribunal General de la Unión Europea emitió una sentencia contundente contra la Comisión Europea por su negativa a facilitar el acceso a los mensajes de texto que intercambiaron Ursula von der Leyen, presidenta del Ejecutivo comunitario, y Albert Bourla, CEO de Pfizer, durante las negociaciones de compra de vacunas contra la COVID-19.

La demanda, presentada por la periodista de The New York Times, Martina Stevis-Gridneff, se remonta a 2023 y responde a la falta de transparencia con la que Bruselas trató el asunto.

Según la sentencia, el Ejecutivo comunitario no ofreció una justificación creíble sobre la inexistencia o pérdida de dichos mensajes, lo que vulnera el derecho de acceso a los documentos recogido en la legislación europea.

El Tribunal observa que las respuestas de la Comisión “se basan o bien en suposiciones, o bien en informaciones cambiantes o imprecisas”, señala el fallo, que también reconoce que el periódico estadounidense presentó “elementos pertinentes y concordantes” que respaldaban la existencia de los intercambios entre Von der Leyen y Bourla en un momento crucial de la pandemia.

¿Qué pasó con Von der Leyen?

La polémica surgió en 2021, cuando el propio CEO de Pfizer reconoció en una entrevista la existencia de contactos directos por mensaje de texto con Von der Leyen en el marco de las negociaciones de la compra conjunta de vacunas para la UE.

Desde entonces, Bruselas osciló entre negar la existencia de dichos mensajes y alegar que, al tratarse de comunicaciones efímeras, no eran relevantes y por tanto no fueron archivadas.

La Defensora del Pueblo de la UE ya había advertido en 2022 que la forma del documento —en este caso mensajes de texto— no debería ser obstáculo para su registro si el contenido es de interés público.

“Es el contenido lo que importa y no el soporte o la forma”, subrayó entonces.

Aunque la sentencia admite recurso, supone un revés significativo para la Comisión en materia de transparencia y podría sentar un precedente relevante sobre la conservación y acceso a documentos digitales en la administración pública europea.

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