PexelsEn los últimos días, el Ministerio de Seguridad Social y Migracios, que preside Elma Saiz, puso sobre la mesa la propuesta para reformar la jubilación parcial en España. Con ello, se implantan recortes y penalizaciones para todos los colectivos que puedan compatibilizar el trabaja con la pensión, especialmente los autónomos. Una situación que afectará a los trabajadores de la industria, especialmente del sector del automóvil.
El texto propone un recorte en la pensión al aplicar los coeficientes reductores por el adelanto, además de afectar al cálculo de la base reguladora.
El sector manufacturero
Si bien es cierto, el sector manufacturero posee su propia normativa. Así pues, con la nueva medida del Ejecutivo, habrá que tener en cuenta otro factor: no recalcula la pensión cuando se accede a la jubilación plena: no computa toda la base de cotización del trabajador, empeorando la base reguladora que calcula la futura prestación, igual que sucedía antes de 2011.
La propuesta implica mayor rigidez en otros detalles. Los trabajadores ya no podrán acceder a esta modalidad a los 61 años, sino a los 62. El enfoque adoptado por el Gobierno limita las opciones a las que se puede acoger el trabajador a la hora de reducir su jornada de trabajo. Antes era entre el 25% y el 67%, hasta un máximo del 80% con contrato de relevo.
De este modo, se propone una parcialidad máxima del 50% de la jornada en las anticipaciones de 36 meses (dos años y medio antes de los 65 años). Además, a partir de los 62 años, se podrán retiran las profesiones penosas, duras o tóxicas, afectadas por el nuevo abanico de jubilaciones anticipadas del Gobierno.
Desde la patrona se muestra una plena disconformidad. Aseguran que esta modalidad se usa en el sector manufacturero, especialmente en las fábricas de coches. Y es que la consideran nociva, peligrosa e irresponsable.
No se incentiva el anticipo
El objetivo del Gobierno es mejorar el número de ocupados con carreras laborales más largas en sus años de jubilación. Se quiere evitar la pérdida de fuerza laboral. No obstante, se endurecen las condiciones y se frenan la productividad, el empleo, la actividad y el pleno rejuvenecimiento de las plantillas. De igual modo, se frena la flexibilidad por completo.
El Gobierno solicita una planificación de las salidas anticipadas o prematuras, mediante el convenio colectivo del sector. De igual forma, fija que la empresa cuente en plantilla con mayoría de contratos indefinidos (85%).
Situación crítica para los autónomos
Los grandes perjudicados son, fundamentalmente, los trabajadores por cuenta propia, a los que se les permite la jubilación activa tras cumplir la edad legal de jubilación. No obstante, se les rebajará considerablemente la cuantía recibida.
Actualmente, un autónomo con la edad legal de jubilación cumplida y habiendo cotizado el tiempo suficiente, podrá seguir ejerciendo su actividad y cobrar el 100% de la pensión si tiene un empleado a cargo; si no lo tiene, el 50% de ésta. Dicho esto, los autónomos tendrían que esperar cinco años más, es decir, hasta los 70 años, que es cuando se establece un porcentaje creciente de pensión compatible con su actividad.
En otro orden, podrán acceder a los complementos que se paga por cada año que se posponga la jubilación, que puede ascender al pago de hasta 12.000 euros en efectivo o un incremento del 4% de su pensión.
En resumen, una vez pasado un año desde que ha cumplido la edad legal de jubilación, un autónomo podría compatibilizar el trabajo con su jubilación cobrando el 30% de la pensión, cuantía que se elevaría al 40% a los dos años; aumentaría al 50% a los tres años; al 75% a los cuatro años y cobraría ya el 100% una vez hayan pasado cinco años, según el borrador de real decreto al que ha accedido este periódico.
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