Moncloa aprobará hoy la nueva ley de Industria

El Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros, con varios meses de retraso, el anteproyecto de la nueva Ley de Industria. Esta normativa, impulsada por el ministerio liderado por Jordi Hereu, resulta clave para acceder a parte de los 3.000 millones de euros correspondientes al sexto desembolso de los fondos Next Generation. El texto busca fortalecer los sectores estratégicos que el Ejecutivo ha venido priorizando, otorgando un sello distintivo a los proyectos considerados esenciales para la economía. Estos proyectos se beneficiarán de un conjunto de incentivos, siempre que cumplan ciertos criterios, como un volumen de inversión significativo.

La ley ampliará los principios fundamentales de las actividades industriales, incorporando conceptos como la resiliencia, la autonomía estratégica y la descarbonización. Este último punto exigirá inversiones anuales de aproximadamente 3.000 millones de euros en sectores como el químico. Además, la norma reforzará industrias tradicionales estratégicas como Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, que en 2023 registraron una facturación conjunta de 13.900 millones de euros, un 15% más que en el año anterior.

Entre los cambios destacados, se eliminarán los trámites de concurrencia competitiva para que las empresas estratégicas puedan acceder a ayudas públicas directas. También se ampliará la posibilidad de incluir nuevos proyectos de descarbonización dentro de los PERTE, incluso más allá del período de vigencia de los fondos europeos. Sin embargo, las empresas beneficiarias deberán cumplir ciertas condiciones para mantener el acceso a la financiación. Por ejemplo, las grandes empresas deberán garantizar su actividad productiva durante cinco años adicionales, las pymes tres años y las pequeñas empresas dos años. Además, perderán el acceso a las ayudas aquellas compañías que, durante ese tiempo, reduzcan más del 65% de su capacidad de producción o disminuyan su plantilla en más de 500 trabajadores, salvo que dichos cambios se deban a reestructuraciones societarias o cesiones globales de activos que mantengan la actividad.

Por otra parte, las empresas estratégicas que prevean cerrar o reducir la actividad en uno o más centros de trabajo estarán obligadas a notificarlo a la Secretaría de Estado de Industria con al menos nueve meses de antelación, además de informar a los representantes de los trabajadores.

Entre las novedades, el anteproyecto incluye la creación de una reserva de recursos básicos o estratégicos, destinada a garantizar su suministro en situaciones de crisis o pandemias. En esos casos, se movilizaría la industria nacional para producir rápidamente una lista de artículos críticos que respondan a una «demanda alta e inesperada». Este apartado afecta especialmente a sectores como el farmacéutico y el energético.

“Queremos que esta sea una ley para enfrentar los grandes retos de la industria y construir un pacto de país en torno a este sector clave”, declaró recientemente Jordi Hereu, ministro de Industria.