El Gobierno de España ha comprometido un plan de ajuste fiscal estructural a medio plazo, que será evaluado anualmente por la Comisión Europea a través del informe de seguimiento «Annual Progress Report«, publicado cada mes de abril. Este plan abarca los años 2025-2028, aunque incluye una senda de gasto que se extiende hasta 2031, en cumplimiento con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea (UE).
El nuevo marco fiscal europeo permite a los Estados miembros más flexibilidad en el diseño de sus planes, pero refuerza el control sobre su ejecución. A partir de 2025, España fijará el crecimiento del gasto primario neto en un promedio del 3% durante siete años, con el objetivo de garantizar la responsabilidad fiscal y reducir progresivamente el déficit público. El Gobierno prevé que el déficit baje del 3% del PIB en 2024 al 0,8% en 2031.
En cuanto a la deuda pública, se proyecta una reducción desde el 102,5% del PIB en 2024 hasta el 90,6% en 2031, aunque no se espera que baje del 60% considerado «prudente» por Bruselas en los próximos años.
Esfuerzo fiscal
El plan incluye un esfuerzo fiscal anual equivalente a cuatro décimas del PIB, lo que representa unos 6.000 millones de euros anuales, para cumplir con las exigencias europeas. España ha optado por extender el horizonte de ajuste a siete años, acompañando su plan con reformas e inversiones orientadas a mejorar la resiliencia económica, el crecimiento y la sostenibilidad fiscal. Estas reformas incluyen medidas en áreas como la fiscalidad, la transición ecológica, la digitalización, y el capital humano.
Entre las principales reformas destacan la reforma laboral y fiscal, así como cambios en la legislación de extranjería y en el acceso a la vivienda, con el objetivo de fomentar el crecimiento del PIB y reducir el déficit. El impacto total de las reformas se estima en un incremento del 5,7% del PIB para 2031, consolidando una senda de recuperación a largo plazo.
La Comisión Europea evaluará el progreso de este plan en un plazo de seis semanas tras la recepción de los informes anuales, con el 30 de noviembre como fecha límite para la primera evaluación.
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