GettyImagenEl exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato fue condenado a una pena de cuatro años, nueve meses y un día de prisión por varios delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
La sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, también incluye una multa de más de dos millones de euros y el pago de 568.413 euros a Hacienda.
La causa se centró en el presunto incremento ilícito de su patrimonio a lo largo de los años.
Rato, quien fue ministro de Economía en el Gobierno de José María Aznar y presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), fue señalado por ocultar su riqueza a la Hacienda Pública.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado inicialmente más de 70 años de prisión, alegando que Rato había defraudado al fisco aproximadamente 8,5 millones de euros.
Según los documentos del caso, el exministro habría mantenido un patrimonio oculto mediante diversas sociedades en países como Bahamas, Suiza, Mónaco y Reino Unido, entre otros.
También realizó actividades de inversión financiera a través de cuentas bancarias en el extranjero.
El Patrimonio de Rodrigo Rato
La investigación reveló que entre 2005 y 2015, Rato experimentó incrementos patrimoniales injustificados por un total de 15,6 millones de euros.
Además, se identificaron rendimientos de capital no declarados a Hacienda, lo que llevó a la conclusión de que el exministro defraudó una cantidad aproximada de 7,4 millones de euros.
Un aspecto clave del caso fue la amnistía fiscal a la que Rato se acogió en 2012.
Sin embargo, la Fiscalía apuntó que en su declaración, Rato omitió varias sociedades que poseía en el extranjero.
Declaró solo un patrimonio de 115.333 euros y pagó una cantidad ínfima a Hacienda, 11.533 euros, lo que se interpretó como un intento de blanquear su patrimonio ilícito.
La Fiscalía señaló que la amnistía fiscal no fue utilizada para regularizar su situación, sino como un «vehículo de blanqueo» para limpiar las cuotas defraudadas durante años.
Tras la notificación de su sentencia, Rodrigo Rato se presentó en la Audiencia Provincial de Madrid, donde recogió una resolución de más de 1.100 páginas.
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