El régimen de Bashar al Asad, que gobernó Siria durante 24 años, fue derrocado este domingo tras una ofensiva relámpago de 11 días liderada por el grupo islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS). La caída de Damasco marca el fin de una dictadura que dejó más de 350.000 muertos y una devastadora crisis humanitaria, según la ONU.
El asilo de Al Asad en Rusia
El expresidente sirio y su familia recibieron asilo en Moscú tras abandonar Damasco en un vuelo coordinado por el Kremlin. Fuentes rusas señalaron que Al Asad ordenó la transferencia pacífica del poder antes de su partida. Rusia ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar el impacto de los recientes eventos en la estabilidad regional.
Reacciones internacionales: Entre felicitaciones y advertencias
Los talibanes, en el poder en Afganistán desde 2021, felicitaron públicamente a HTS por su «operación exitosa» y expresaron esperanza en una transición pacífica en Siria. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró la caída de Al Asad como «un momento histórico» para el pueblo sirio, aunque advirtió sobre la posibilidad de que Estado Islámico resurja en el vacío de poder.
En Israel, el Ejército desplegó tropas en los Altos del Golán y reforzó su presencia en la zona de amortiguamiento fronteriza, mientras reiteraba su neutralidad en el conflicto sirio.
Preocupación por los derechos humanos y la seguridad
Organizaciones como Human Rights Watch han pedido a los insurgentes que garanticen el respeto a los derechos humanos y que eviten represalias contra exfuncionarios del régimen. Mientras tanto, Japón y Australia instaron a todas las partes a proteger a los civiles y priorizar el diálogo. Cuba, uno de los pocos aliados del régimen de Al Asad, expresó su preocupación por la seguridad de las embajadas extranjeras en Siria.
Secuelas de una guerra interminable
Más de una década de conflicto ha dejado profundas heridas en Siria. Además de los desplazamientos masivos y la destrucción de infraestructuras, el país enfrenta el peligro latente de unas 300.000 minas sin detonar, que este año han causado al menos 160 muertes, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.