FlickrÁlvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, se enfrenta a nuevos desafíos tras los recientes fallos del Tribunal Supremo que anulan sus decisiones de nombramiento, esta vez relacionadas con Dolores Delgado, su antecesora en el cargo. Después de la anulación del ascenso de Delgado a fiscal de Sala, la categoría más alta de la Carrera, el alto tribunal ha decidido invalidar su designación como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tomó esta decisión tras analizar los recursos presentados por la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez, quienes cuestionaron la validez del nombramiento de Delgado debido a posibles conflictos de intereses.
Argumentaron que García Ortiz no permitió al Consejo Fiscal de España analizar si existía incompatibilidad, dado que la pareja de Delgado, el exjuez Baltasar Garzón, dirige una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.
A pesar de recibir solo un voto de apoyo en el Consejo Fiscal, García Ortiz procedió con el nombramiento de Delgado el 13 de junio. Ahora, el Tribunal Supremo ha ordenado retrotraer las actuaciones para que el Consejo Fiscal pueda pronunciarse sobre la posible prohibición de acuerdo con el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Un problema más para la lista de García Ortiz
Este no es el primer revés que García Ortiz enfrenta por sus decisiones en materia de nombramientos. En noviembre pasado, el Tribunal Supremo ya había cuestionado su actuación en el ascenso de Dolores Delgado a la Fiscalía Togada del Supremo, acusándolo de una desviación de poder «visible e innegable».
Esta sentencia, sumada a otras críticas, llevó al Consejo General del Poder Judicial a declararlo no idóneo para el cargo de Fiscal General del Estado, convirtiéndose así en el primer titular en recibir tal calificación.
¿Y ahora qué?
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha instado a la dimisión de García Ortiz, afirmando que la Fiscalía no puede ser una «agencia de colocación«. Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha destacado que estos reveses demuestran que el Estado de Derecho funciona, aunque moleste a algunos.
Con cada nuevo fallo del Tribunal Supremo, la presión sobre García Ortiz aumenta, y su continuidad al frente del Ministerio Público se ve cada vez más cuestionada.
Con cada decisión y cada paso en su carrera, Álvaro García Ortiz continúa siendo objeto de escrutinio y debate, enfrentando desafíos tanto dentro como fuera del ámbito judicial. La próxima sentencia que se haga pública en los próximos días determinará el futuro de esta última controversia, pero lo que queda claro es que su gestión como Fiscal General del Estado seguirá siendo objeto de análisis y crítica.
El perfil de Dolores Delgado
No es la primera vez que el Alto Tribunal evita una designación de la ex jefa del ministerio Público y ministra de Justicia entre 2018 y 2020 mediante un decreto del Fiscal General del Estado, quien también la nombró fiscal de Sala, el máximo escalón de la Carrera, y también rechazado.
De igual modo, el Supremo ha solicitado al Consejo Fiscal que estudie si el nombramiento concurre una causa de incompatibilidad por la actividad de su marido, el exjuez Baltasar Garzón, también especializado en Derechos Humanos y promotor de la Ley de Memoria Democrática. Además, ve necesario revistar la reciente creación de una fiscalía de sala competente en la materia.
La exfiscal es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1980-1985) y Máster en derecho Comunitario por la Universidad Complutense de Madrid (1985-1986).
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