Gobierno de Pedro SánchezEste martes 15 de octubre, España presentará a la Comisión Europea su plan de ajuste fiscal a medio plazo, cumpliendo con las nuevas reglas fiscales establecidas por la Unión Europea. Este plan forma parte del compromiso adquirido por el Gobierno con Bruselas para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, aunque los detalles del documento aún no se han desvelado.
En su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó que el plan incluirá compromisos de responsabilidad de gasto y nuevas inversiones. Sánchez subrayó que no se prevén recortes, a la vez que destacó que la presión fiscal en España es cuatro puntos inferior a la media europea. Además, enfatizó que el país está cumpliendo con las exigencias de sostenibilidad de las cuentas públicas.
El ajuste fiscal que Bruselas requiere es específico para cada país, tomando en cuenta los diferentes niveles de deuda y retos económicos. En el caso de España, el entorno macroeconómico está marcado por la reciente revisión al alza de su crecimiento económico por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) para los años 2021 (2,7%), 2022 (6,2%) y 2023 (6,7%). A pesar de estas cifras positivas, la deuda pública sigue estando por encima del 100% del PIB.
Es relevante recordar que la Comisión Europea decidió no abrir en 2023 el procedimiento por déficit excesivo a España, a pesar de que el déficit superó el 3%. No obstante, el país debe presentar su plan de ajuste fiscal, que normalmente se formula con objetivos a cuatro años. Existe la posibilidad de ampliar este periodo a siete años si se llevan a cabo reformas e inversiones que mejoren el crecimiento y la resiliencia económica, apoyando la sostenibilidad fiscal y abordando las prioridades de la UE.
Pedro Sánchez
Los objetivos
El plan deberá garantizar que la deuda pública siga una trayectoria descendente o se mantenga en niveles prudentes, por debajo del 60% del PIB a medio plazo. A su vez, los déficits no deben superar el 3% del PIB. El nuevo marco fiscal ya no se centra en el déficit estructural, sino en el crecimiento del gasto primario neto, un indicador que excluye ciertos gastos como los intereses de la deuda, ingresos discrecionales, y otros elementos temporales o cíclicos.
El Banco de España señala que la desviación del gasto neto comprometido se medirá anualmente mediante una cuenta de control. A pesar de la reactivación de las reglas fiscales, España se enfrenta a desafíos en la negociación de los presupuestos para 2025, lo que ha provocado un retraso en la presentación de su plan presupuestario a Bruselas. El plan estructural se entregará el 15 de octubre, pero el borrador presupuestario podría aplazarse.
La Comisión Europea ha recordado que, si bien hay cierto margen de flexibilidad en los plazos de presentación, existen límites a esta flexibilidad. Tras la entrega del plan fiscal, la Comisión lo evaluará en un plazo de seis semanas y emitirá su dictamen antes del 30 de noviembre.
Según organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el Banco de España, el ajuste fiscal necesario para cumplir con las nuevas reglas europeas oscilará entre 6.000 y 9.000 millones de euros anuales, dependiendo de si el Gobierno opta por un periodo de ajuste de siete o cuatro años. En cualquiera de los casos, se prevé que el crecimiento del gasto público se mantenga por debajo del 3%.
Ambas instituciones han lamentado la falta de transparencia del Gobierno sobre la trayectoria de referencia enviada por Bruselas. La AIReF estima que, en un escenario de ajuste a siete años, el esfuerzo anual será de alrededor de 6.000 millones de euros, mientras que un plan a cuatro años implicaría un ajuste mayor, cercano a los 9.000 millones anuales. El Banco de España, por su parte, prevé un ajuste del 0,5% del PIB anual, lo que podría afectar el dinamismo de la economía española en los próximos años.
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