tribunalesEspaña deberá pagar una indemnización de 101 millones de euros a los demandantes en el caso Antin, una disputa legal internacional que enfrenta en tribunales al país con un grupo de inversores en el sector de las energías renovables.
A esta decisión llegó el Tribunal de Apelación de Reino Unido, quien emitió una sentencia desestimando la apelación que hizo España y confirmó la decisión original de la justicia británica emitida en 2023.
A principios de la década de 2010, el gobierno español decidió modificar las condiciones económicas de las primas que se pagaban a las empresas que invertían en energía solar y eólica. Estas modificaciones, que se consideraron retroactivas por parte de los inversores, provocaron una disminución significativa de los ingresos esperados por estas empresas.
Ante esta situación, un grupo de inversores, entre los que destaca la empresa Antin Infrastructure Partners, decidió presentar una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando que los cambios legislativos españoles constituían una expropiación indirecta de sus inversiones y violaban los tratados bilaterales de inversión suscritos por España.
Tras un largo proceso arbitral, el CIADI falló a favor de los inversores, condenando a España a pagar una indemnización millonaria por los daños causados a través de un laudo.
¿Qué pasó en tribunales?
Tras la decisión de 2023, España argumentó que el laudo arbitral debía ser anulado por razones de inmunidad soberana, alegando jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sostiene que el arbitraje entre Estados miembros de la UE bajo el Tratado de la Carta de la Energía es incompatible con el derecho de la Unión.
El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido, sin embargo, rechaza esta interpretación. Citando decisiones previas, reafirmó como vinculantes los laudos emitidos bajo el sistema del CIADI y dijo que deben ser reconocidos y ejecutados por los países que firman el tratado.
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