Un grupo de 120 estaciones de servicio, organizadas bajo la plataforma Afectados por las Petroleras, introdujo una demanda colectiva contra las multinacionales Repsol, Moeve y BP por un total de 600 millones de euros.
¿Por qué lo hacen? Denuncian que estas empresas habrían fijado de forma concertada los precios de los carburantes durante tres décadas, afectando tanto a consumidores como a las propias gasolineras.
La demanda se inició luego que el Tribunal Supremo admitiera la existencia de prácticas anticompetitivas, basadas en la fijación de precios, tanto de manera directa como indirecta, por parte de estas compañías.
Estaciones de servicio ante jurisprudencia
La sentencia se apoya en un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de abril de 2023 y en la resolución de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) de 2009, que detectó mecanismos similares de fijación de precios en contratos de arrendamiento y suministro en el sector.
“Una práctica restrictiva de la competencia como es la fijación de precios lesiona el interés general, falsea la libre competencia en el mercado y puede lesionar y generar daños a los patrimonios de los operadores económicos intervinientes en el mercado», justifica la plataforma a través de un comunicado.
Esta demanda es la primera de otras que prevén presentar en los próximos meses, para lograr la nulidad de los contratos de suministro de las estaciones de servicio afectadas y una indemnización por los daños ocasionados.
El total de las reclamaciones de las más de 100 gasolineras participantes asciende a 600 millones de euros, aunque la plataforma estima que solo un pequeño porcentaje de las estaciones potencialmente afectadas se ha unido hasta ahora.
La plataforma continúa recibiendo solicitudes de adhesión, con la expectativa de que el número de estaciones que se sumen a la demanda aumente significativamente en los próximos meses.
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