Banco SantanderEl sector bancario español vuelve al centro del debate fiscal tras la aprobación de un rediseño del gravamen al sector financiero. Santander y Unicaja han confirmado que recurrirán esta nueva figura impositiva, como ya hicieron con el anterior impuesto, mientras las principales entidades del país se preparan para asumir tipos progresivos que alcanzan hasta el 7%.
Un impuesto más agresivo
El nuevo diseño aprobado por el Congreso convierte el gravamen en un impuesto, permitiendo que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo gestionen. Con una duración inicial de tres años, este tributo aplica un tipo progresivo sobre los márgenes de intereses y comisiones de los bancos:
- 1% hasta 750 millones de euros.
- 3,5% hasta 1.500 millones.
- 4,8% hasta 3.000 millones.
- 6% hasta 5.000 millones.
- 7% para los ingresos que superen los 5.000 millones de euros.
Esto sitúa a CaixaBank, BBVA y Santander como las entidades más afectadas, todas gravadas al tipo máximo del 7%, mientras que Sabadell queda en el 6% y Bankinter y Unicaja en el 4,8%.
Además, se ha introducido una deducción extraordinaria para bancos cuya rentabilidad por activos caiga por debajo del 0,7%, un matiz que busca aliviar parcialmente la carga en escenarios de baja rentabilidad.
Reacción del sector bancario
Las patronales bancarias, AEB y CECA, han expresado un rechazo tajante al impuesto. Argumentan que tendrá un impacto negativo en la financiación de empresas y familias, estimando que restará 50.000 millones de euros en nueva financiación. También critican que esta medida carece de precedentes en la Unión Europea, afectando la competitividad del sistema financiero español.
«En un momento en que la política monetaria apunta a un nuevo ciclo de bajada de tipos, este impuesto resulta injustificado técnica y económicamente«, señalaron en un comunicado.
Por su parte, Santander y Unicaja han reiterado que consideran el impuesto inconstitucional. Las entidades argumentan que sigue sin respetar los principios de la Ley General Tributaria y el artículo 31 de la Constitución, que exige proporcionalidad en la capacidad económica para establecer tributos.
Fragmentación y riesgos
Otro punto polémico es la fragmentación del mercado interior, ya que el impuesto será aplicado de forma distinta entre comunidades autónomas. Según los bancos, esta situación añade complejidad y perjudica la unidad del sector financiero.
Además, el contexto de riesgos geopolíticos y una Europa con crecientes necesidades de financiación intensifican las preocupaciones sobre los posibles efectos de esta carga fiscal en la economía general.
¿Qué sigue para el sector bancario?
El sector no descarta que otras entidades se unan a los recursos legales ya anunciados por Santander y Unicaja. Mientras tanto, los bancos afectados deberán adaptar su estrategia para absorber este nuevo coste, que amenaza con tensionar aún más su relación con el Gobierno y con los consumidores.
La aprobación de este impuesto reabre el debate sobre hasta qué punto es legítimo gravar sectores clave en momentos de alta incertidumbre económica.
© Reproducción reservada