AccionaLa compañía Acciona celebrará este jueves 26 de junio su junta general de accionistas en un contexto marcado por la investigación abierta por la Guardia Civil sobre posibles adjudicaciones irregulares de contratos en los que estarían implicados ex altos cargos del PSOE como Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos.
Aunque la junta fue convocada antes de que estallara la polémica, la empresa ha reaccionado asegurando su compromiso con los «más altos estándares de ética, transparencia y cumplimiento normativo». Como parte de las medidas adoptadas, ha iniciado una investigación interna, ha roto vínculos con Servinabar, empresa navarra investigada con la que colaboró en contratos públicos, y ha cesado a su director de Construcción.
Pese a este escenario, la compañía presidida por José Manuel Entrecanales propondrá a sus accionistas la aprobación de un dividendo de 5,25 euros por acción, que se pagará el próximo 10 de julio. Esto representa un incremento del 7,4% respecto al dividendo del año anterior, que fue de 4,88 euros.
En el orden del día también figura la reelección de tres consejeros independientes: Sonia Dulá, Maite Arango García-Urtiaga y Carlo Clavarino, quienes renovarían su cargo por un periodo estatutario de tres años, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Otro punto relevante será la aprobación de una nueva política de retribuciones para los años 2026, 2027 y 2028, que limitará la retribución variable anual de los consejeros ejecutivos a un máximo del 450% de su sueldo fijo. La nueva política también elimina incentivos extraordinarios por objetivos específicos y obliga a mantener acciones equivalentes a dos anualidades de salario fijo. Estas medidas afectarán directamente a José Manuel Entrecanales y a su primo, el vicepresidente Juan Ignacio Entrecanales.
Por último, la junta ratificará la reelección de KPMG Auditores como responsable de auditar las cuentas de la compañía y su grupo consolidado durante el ejercicio 2025.
Con este encuentro, Acciona buscará reforzar la confianza de sus accionistas en un momento delicado, marcado por la necesidad de garantizar la integridad corporativa en un contexto de escrutinio público y judicial.
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