GettyImagenCasi una década después de que estallara el escándalo del DiéselGate, la justicia alemana dictó sentencias contra varios exdirectivos de Volkswagen, declarados culpables de fraude por su implicación en la manipulación de los datos de emisiones de vehículos diésel.
La Audiencia Provincial de Braunschweig condenó a Jens Hadler, exdirector de Desarrollo de Motores del grupo automovilístico, a cuatro años y medio de prisión.
Por su parte, Hanno Jelden, también alto cargo de la empresa, recibió una pena de dos años y siete meses.
Ambos fueron considerados responsables de haber permitido —y ocultado— el uso de un software ilegal que alteraba los niveles reales de emisiones contaminantes durante las pruebas en taller.
El tribunal acreditó que los acusados conocían que millones de coches estaban equipados con un mecanismo diseñado para engañar a los controles medioambientales.
Este sistema hacía que los vehículos parecieran cumplir los límites de emisiones cuando, en condiciones reales de conducción, contaminaban mucho más.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos destapó esta práctica en 2015, lo que obligó al grupo a pagar más de 30.000 millones de euros en sanciones y compensaciones.
Otros dos exdirectivos también fueron sentenciados, aunque sus penas fueron conmutadas.
Otros nombres de Volkswagen
Heinz-Jakob Neusser, antiguo miembro del consejo directivo, recibió una condena de un año y tres meses, mientras que otro directivo no identificado fue sentenciado a un año y diez meses, ambas penas sustituibles por libertad condicional.
Por otro lado, el exconsejero delegado de Volkswagen, Martin Winterkorn, aún no fue juzgado.
Su proceso está en pausa desde diciembre por motivos de salud, tras un accidente.
La fiscalía sostiene que Winterkorn conocía el uso del software fraudulento desde 2014, y está acusado de fraude comercial, manipulación del mercado y declaraciones falsas.
Aunque niega cualquier responsabilidad, su juicio, respaldado por una acusación de más de 600 páginas, se prevé que se reanude en otoño.
A pesar de los avances judiciales, aún quedan incógnitas sobre cómo se desarrolló e implementó exactamente el sistema fraudulento en los vehículos, de los cuales al menos 65.000 fueron afectados en EEUU.
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