GettyImagenBanco Sabadell formalizó este viernes sus alegaciones ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en relación con la opa hostil lanzada por BBVA, dentro de la segunda fase del análisis que el regulador inició en noviembre.
La entidad catalana sostiene que, en caso de aprobarse la operación, se debería exigir la venta de parte del negocio resultante para garantizar la competencia en el sector.
El BBVA, por su parte, planteó una serie de compromisos —conocidos en el ámbito bursátil como remedies— para lograr la aprobación de la CNMC.
Su propuesta sigue el modelo aplicado en la fusión de CaixaBank y Bankia en 2020, con medidas adicionales.
Entre ellas, el banco se compromete a mantener las condiciones comerciales en 69 códigos postales donde la unión generaría una posición dominante.
También promete preservar las líneas de financiación para pymes durante 18 meses y aplicar precios medios nacionales en este segmento para evitar distorsiones en Cataluña y la Comunidad Valenciana, las zonas donde la competencia se vería más afectada.
Lo que denuncia Sabadell
Sabadell considera que estas medidas son insuficientes, especialmente en el negocio de las pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo a su análisis, basado en códigos postales, empleado en la fusión de CaixaBank y Bankia y que retomó ahora BBVA, no es adecuado para las pymes.
Justifican que el 80% de estas compañías no opera con oficinas bancarias ubicadas en su código postal de referencia.
El banco presidido por César González-Bueno también cuestiona la efectividad de las garantías ofrecidas por BBVA, ya que considera difícil verificar el mantenimiento real de las líneas de crédito empresarial durante el periodo estipulado.
La entidad advierte que la introducción de un precio medio de referencia para las pymes es inviable debido a la complejidad de este mercado.
Tras la presentación de estas alegaciones, la CNMC analizará la documentación y someterá la operación a un test de mercado antes de emitir su veredicto.
Finalmente, la decisión recaerá en el Gobierno, que ya ha expresado su rechazo a la fusión y podría imponer condiciones adicionales a la operación.
En caso de que estas afecten la rentabilidad de la oferta, BBVA ha advertido que podría retirarla.
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