GettyImagenEl BBVA estudia impugnar ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno de autorizar su OPA sobre Banco Sabadell pero prohibiendo la integración operativa de ambas entidades durante al menos tres años, según adelantó El País. La entidad considera que las condiciones impuestas por el Ejecutivo “exceden sus competencias” y suponen un bloqueo de facto a la operación.
La tensión entre el banco presidido por Carlos Torres Vila y el Gobierno ha escalado tras conocerse que el Consejo de Ministros condicionó la operación a que ambas entidades mantengan una gestión completamente separada, incluida su red de oficinas, su plantilla, la marca y el modelo comercial, durante un mínimo de tres años prorrogables a cinco. En la práctica, esto anula la posibilidad de aplicar las sinergias valoradas por BBVA en 850 millones de euros, derivadas de recortes en plantilla, red y estructuras duplicadas.
“La oferta sigue en pie, pero estas condiciones distorsionan gravemente su racionalidad económica”, apuntan fuentes del banco recogidas por El País.
Sabadell, en estado de alerta
Desde el Banco Sabadell, aunque no se han pronunciado oficialmente, diversas fuentes señalan su preocupación por cómo afectará esta decisión a la valoración bursátil de la compañía y al ánimo de sus accionistas, quienes deben votar la oferta una vez aprobada por la CNMV. El banco catalán considera que la operación tiene potencial de crear valor, pero teme que la intervención del Gobierno pueda hacerla menos atractiva.
Bruselas y el BCE, críticos
El veto parcial del Gobierno ha generado también reacciones en el ámbito europeo. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, advirtió de que imponer trabas a una operación corporativa aprobada por los reguladores puede dañar la credibilidad del sistema financiero europeo.
“Este tipo de restricciones reducen la eficacia y coherencia del proyecto de Unión Bancaria”, afirmó De Guindos en declaraciones a Cinco Días.
En círculos comunitarios, la maniobra del Ejecutivo español se observa con preocupación, ya que podría sentar un precedente disuasorio para futuras fusiones transfronterizas.
Un Gobierno firme: «Protegemos el interés general»
Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la intervención como una decisión “legal y proporcionada”, destinada a proteger el empleo, la cohesión territorial y el acceso al crédito a pymes.
“No bloqueamos la operación, pero sí exigimos garantías claras de que no perjudicará al interés general”, afirmó.
El Gobierno también exige que se mantengan abiertas las oficinas actuales y que se prohíban despidos colectivos derivados de la fusión, además de requerir informes periódicos sobre el impacto económico y social de la OPA.
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