BruselasLa Comisión Europea avaló la postura de España de no abonar las indemnizaciones dictadas por tribunales de arbitraje internacional en favor de inversores afectados por el recorte de primas a las energías renovables en 2013.
Según el organismo comunitario, pagar estas compensaciones supondría una ayuda de Estado ilegal.
Desde hace años, el Gobierno español rechaza hacer frente a estas indemnizaciones, que superan los 1.000 millones de euros.
La Comisión, a través de su Dirección General de Competencia, respaldó esta estrategia en el caso concreto de la empresa luxemburguesa Antin, a la que España debía pagar 101 millones de euros tras un laudo arbitral.
Cierra las puertas a las indemnizaciones
En su resolución, Bruselas indica que el fallo a favor de Antin, emitido por un tribunal de la UE, «constituye una ayuda de Estado ilegal» y ordena a España que no efectúe ningún pago.
Además, insta a los jueces europeos a evitar que estos laudos sean ejecutados dentro del territorio comunitario y a impedir su aplicación en tribunales de terceros países.
El respaldo de la Comisión Europea es clave para el Ejecutivo español, que lleva años enfrentándose a demandas de inversores que reclaman compensaciones tras la retirada de incentivos a las energías renovables.
En 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó un sistema de primas para fomentar el desarrollo del sector.
Sin embargo, en 2013, bajo el mandato de Mariano Rajoy, estas ayudas fueron eliminadas, lo que afectó la rentabilidad de las inversiones realizadas.
El Ministerio para la Transición Ecológica valoró positivamente la decisión de Bruselas, asegurando que «respalda la posición de España, que no ha abonado cantidad alguna relativa a los laudos a la espera de que concluyan los análisis» de la Comisión.
No obstante, la incertidumbre persiste en cuanto a los laudos emitidos fuera de la UE, como los dictados en tribunales de Estados Unidos, Reino Unido o Australia
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