rtveEl despliegue de la nueva tasa de basuras en España ha comenzado envuelto en confusión e incertidumbre. Más de 8.000 ayuntamientos estaban obligados a aprobar en el primer trimestre de 2024 una ordenanza municipal para aplicar esta tasa a partir del 10 de abril, tal y como establece la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular aprobada en 2022. Sin embargo, según denuncian desde la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL), la falta de criterios claros ha derivado en una «anarquía normativa» con miles de modelos distintos.
“Si España tiene 8.000 ayuntamientos, hay 8.000 modelos de ordenanza diferentes”, advierte Juan Ignacio Gomar, miembro de ANIHPL. Mientras algunos consistorios ya la aplican, otros han aplazado su cobro a enero de 2026, varios han reducido los importes por debajo del coste real para evitar tensiones sociales, y otros directamente han rechazado implementarla. Cada municipio está fijando su propia tarifa, generando notables desigualdades entre ciudadanos según su lugar de residencia.
Una ley sin marco común, la tasa de basuras
La normativa establece dos objetivos fundamentales: que los ayuntamientos financien el coste de recogida, tratamiento y reciclaje de los residuos a través de esta tasa, y que los hogares paguen en función de la cantidad de basura que generan. No obstante, la ley no especifica cómo calcular el importe ni qué criterios seguir, dejando vía libre a interpretaciones muy dispares.
Como resultado, los contribuyentes se enfrentan a diferencias notables. Por ejemplo, en Madrid se estima que una vivienda tipo pagará unos 100 euros anuales, mientras que en Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios más acomodados del país, el coste puede duplicarse para una propiedad similar.
Primeros pasos hacia la litigiosidad
Desde ANIHPL anticipan que este escenario desembocará en un elevado volumen de litigios, incluso más que los que provocó el impuesto de plusvalía municipal. “Llevamos desde 2022 advirtiendo que esto sería una bomba de relojería, y se ha cumplido. Miles de ordenanzas, ninguna igual, con modelos de cálculo e importes distintos. Es una situación completamente absurda”, afirma Gomar.
Aunque aún no se han registrado recursos contra esta tasa, se espera un aluvión de impugnaciones una vez los ciudadanos comiencen a recibir las liquidaciones, algo que en muchos casos no ocurrirá hasta después del verano o incluso en enero de 2026. La vía habitual será pagar y, si procede, recurrir.
Desinformación ciudadana y riesgo de conflicto
Gomar concluye alertando de que la mayoría de los contribuyentes aún no son conscientes de las implicaciones de esta nueva tasa ni de las importantes diferencias que podría haber entre municipios. “La situación actual es de desconcierto total. Y lo peor es que los ciudadanos todavía no saben lo que les viene encima”, señala.
Este escenario obliga a las administraciones públicas a ofrecer transparencia, claridad informativa y un marco común de actuación si se quiere evitar un colapso administrativo y una creciente conflictividad judicial en los próximos meses.
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