La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha publicado un informe sobre el impacto del proyecto de Real Decreto de gestión de residuos textiles y de calzado, advirtiendo que su aprobación podría poner en riesgo más de 11.000 pymes y hasta 21.000 empleos directos, a los que se sumarían otros 17.000 indirectos, lo que representa un 15% del total del sector.
Según la organización, la normativa, que se encuentra actualmente en fase de alegaciones, regulará la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) y plantea «importantes implicaciones para la industria».
En palabras de Cepyme, «la norma no constituye una herramienta eficaz de economía circular, sino un marco que transfiere costes económicos y administrativos al sector sin generar beneficios ambientales reales».
El comercio minorista sería el más afectado, ya que muchas microempresas y pequeñas empresas verían comprometida su viabilidad ante el aumento de cargas financieras y administrativas.
El informe detalla que el proyecto multiplicaría por tres los costes del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap) textil, pasando de 48,5 millones de euros en 2025 a más de 134 millones previstos para 2030.
Cepyme también señala que España propone medidas más estrictas que otros países de la Unión Europea y Bruselas, como limitar la venta de productos de segunda mano en tiendas de más de 400 m² y endurecer la recogida selectiva, lo que aumenta la presión sobre las pymes.
La preocupación de Cepyme
La patronal destaca que el marco regulatorio conlleva «excesiva carga administrativa», y que el proyecto de reciclaje de la llamada «fracción gris» carece de «soluciones técnicas viables», implicando un consumo elevado de recursos.
A pesar de estas advertencias, Cepyme subraya que la Responsabilidad Ampliada del Productor también podría convertirse en una «oportunidad estratégica» para España, al atraer inversión, fomentar el desarrollo de tecnologías de reciclaje químico y mecánico, impulsar proyectos de I+D+i y generar «empleo verde de calidad».
El informe de la patronal abre el debate sobre cómo equilibrar la sostenibilidad ambiental con la supervivencia y competitividad de las pequeñas y medianas empresas del sector textil, cuya actividad podría verse seriamente comprometida si se aprueba la normativa tal como está planteada.
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