GettyImagenEl Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, dictó una nueva sentencia contra España, obligándole a indemnizar a la compañía japonesa Mitsui con 31,5 millones de euros por los perjuicios sufridos a raíz de la reforma energética de 2013.
A esta cantidad se suman 5,5 millones en concepto de intereses de demora, 215.000 euros por los costes procesales y otros 2,2 millones por gastos legales asumidos por la firma nipona.
Este nuevo laudo arbitral, fechado el 6 de marzo y recientemente ratificado, se convierte en la vigésimo sexta condena contra España en relación con esta cuestión.
El conflicto se remonta a las medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy hace más de una década para atajar el déficit tarifario, que implicaron una profunda modificación del sistema de incentivos a las renovables.
Mitsui había reclamado inicialmente 199 millones de euros, aunque finalmente la compensación será considerablemente menor.
España ante la Ciadi
España enfrentó 51 procedimientos arbitrales por este asunto.
De ellos, 42 ya cuentan con resolución: el Estado ganó 10 casos, mientras que otros seis fueron anulados o desistidos.
Sin embargo, los fallos adversos suman ya 1.510 millones de euros en indemnizaciones, más 375 millones en costas, honorarios e intereses.
Pese a ello, el Gobierno espera evitar el pago de unos 1.347 millones correspondientes a demandas de inversores europeos, escudándose en que el Tribunal de Justicia de la UE ha invalidado los arbitrajes entre Estados miembro e inversores comunitarios.
En el caso de Mitsui, al tratarse de una firma japonesa, España no podrá acogerse a esa protección jurídica.
El reciente apoyo de la Comisión Europea a la posición española en el caso Antin —calificando la indemnización como “ayuda estatal ilegal”— podría reforzar la estrategia del Ejecutivo en futuras apelaciones, pero no será suficiente para frenar este nuevo desembolso.
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