El Cercle d’Economia reiteró su oposición a la OPA de BBVA sobre Sabadell, al considerar que profundiza la creciente concentración de los centros de decisión empresarial y financiero en Madrid.
“Acentúa el desequilibrio territorial que ya existe”, advirtió la entidad durante una rueda de prensa conjunta de Jaume Guardiola, presidente del Cercle, y Miquel Nadal, director general.
Subrayaron que la centralización derivada de este tipo de fusiones no solo afecta a las sedes de las entidades, sino que arrastra a actividades clave como auditoría, asesoría y consultoría.
“La concentración no solo implica el traslado de los centros de decisión, sino que arrastra auditoría, consultoría y asesoramiento. Se trata de un efecto multiplicador muy importante”, señalaron.
El Cercle sostiene que esta operación bancaria es contraria al “interés general” y apela al artículo 138.1 de la Constitución, que reconoce el equilibrio territorial como un bien jurídico a proteger.
Por ello, consideran “esencial” evitar que la red de servicios financieros se concentre en exceso en una única ubicación.
La sede de Sabadell
Aunque BBVA sugirió la posibilidad de establecer una doble sede, el Cercle advierte que esta opción no está contemplada en los requisitos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, por tanto, “no habría control sobre su efectiva realización”.
Recuerdan además que en experiencias previas, como la integración de Catalunya Caixa, BBVA centralizó la dirección en Madrid.
Guardiola, que trabajó tanto en BBVA como en Sabadell, precisó que no se trata de “una confrontación Barcelona-Madrid”, pero remarcó que Sabadell tiene una singularidad territorial que debe ser respetada.
Nadal, por su parte, ha criticado que el análisis de la CNMC resulta “insuficiente para preservar la libre competencia” y pidió que se publique cuanto antes el informe completo sobre la operación.
La CNMC ya dio luz verde a la opa hostil del BBVA, que de concretarse crearía el segundo mayor banco del país.
El Gobierno, por su parte, abrió una consulta pública para evaluar el impacto de la operación “con todas las garantías”, según expresó Pedro Sánchez.
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