El empresariado catalán pide al Gobierno frenar la OPA de BBVA sobre Sabadell

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Las principales entidades económicas catalanas alzaron la voz contra la OPA lanzada por BBVA para absorber a Banco Sabadell.

A través de una carta enviada al Gobierno, organizaciones como la Cámara de Comercio de Barcelona, Foment del Treball, Pimec, Cecot, Fira de Barcelona y el Colegio de Economistas, entre otras, expresaron su “preocupación y reflexiones” sobre una operación que consideran perjudicial para el interés general.

El texto, promovido por la Cámara que preside Josep Santacreu, plantea cinco argumentos clave para justificar su rechazo.

Entre ellos destacan el riesgo de una excesiva concentración financiera y empresarial, la amenaza al acceso al crédito por parte de pequeñas empresas, el impacto en la cohesión territorial y la pérdida de empleo en oficinas bancarias.

Las entidades también advierten sobre el debilitamiento del arraigo territorial del sistema financiero y la pérdida de talento en regiones periféricas.

Cuestionamientos sobre la OPA

“Creemos que, más allá de las consideraciones técnicas de defensa de la competencia, ya dirimidas por la CNMC, existen poderosas razones de interés general que justificarían la intervención del Gobierno”, señalan en la misiva.

Afirman que cualquiera de los motivos es “suficiente” para detener una operación que, a su juicio, perjudicaría a Cataluña y a otras comunidades.

Además, critican el modelo de negocio de los grandes bancos con ambición global, por centrarse en la estandarización y economías de escala, lo que —según apuntan— va en detrimento de la banca de proximidad, clave para el tejido empresarial de menor tamaño.

España necesita también bancos de proximidad (…) que encuentren su ventaja competitiva en el conocimiento profundo del tejido empresarial y social”, remarcan.

Las organizaciones desconfían del compromiso de BBVA de mantener una doble sede —una en Madrid y otra en Sant Cugat— y lo califican de simbólico.

Reivindican en cambio un modelo con centros de decisión distribuidos territorialmente como garantía de equilibrio.

Bajo esta perspectiva, piden al Ejecutivo que actúe para salvaguardar no solo un banco, sino un modelo económico más plural y descentralizado.

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