El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha iniciado una consulta pública clave para determinar qué operador u operadores asumirán la prestación del servicio universal de telecomunicaciones en España durante 2025 y 2026. La convocatoria busca recoger opiniones de empresas, ciudadanía y cualquier parte interesada antes del 16 de diciembre, de cara a lanzar una nueva licitación pública.
Actualmente, Telefónica está a cargo del servicio para 2023 y 2024, después de ser designada directamente al quedar desierta la licitación inicial en 2022. Esta prestación garantiza que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación, tengan acceso a servicios de telecomunicaciones en condiciones de calidad, precio asequible y neutralidad tecnológica.
¿Qué implica el servicio universal de telecomunicaciones?
El servicio universal abarca obligaciones como extender redes a zonas no rentables económicamente para las operadoras, asegurando conectividad en todo el territorio español. Estas tareas son fundamentales para reducir la brecha digital y fomentar la igualdad de oportunidades.
El ministerio también está revisando si esta prestación debe seguir siendo considerada una obligación de servicio público más allá de 2025, abriendo el debate sobre posibles ajustes en el modelo actual.
Licitación abierta y principios de transparencia
La próxima licitación, que se convocará tras esta consulta, estará regida por criterios de eficiencia, transparencia y no discriminación. Aunque ninguna empresa está excluida de participar, deberán manifestar su interés dentro del plazo establecido.
Con esta nueva consulta, se plantea una oportunidad para transformar y modernizar el modelo de servicio universal, permitiendo que más operadores se sumen a la misión de garantizar una conectividad inclusiva en España. ¿El reto? Atraer propuestas competitivas y sostenibles para continuar llevando la tecnología a todos los rincones del país.
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