GettyImagenEl ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, señaló que el cierre de la venta de Talgo está “pronto”, confirmando que se realizaron “decisiones importantes” para garantizar que la compañía ferroviaria conserve su capacidad industrial en territorio español.
Durante su intervención en el XLII Seminario de Economía organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, Hereu destacó el valor estratégico de Talgo para la industria nacional.
“Son capacidades estratégicas industriales que es bueno que estén en España y se desarrollen en España”, aseguró el ministro, en clara alusión al interés del Ejecutivo por mantener el control de la empresa dentro del país.
La declaración se produce tras meses de negociaciones en torno a la entrada de un consorcio vasco en el accionariado de Talgo, y después de que el Gobierno vasco afirmara recientemente que la operación “está cerca de cerrarse”.
Asimismo, se baraja la posibilidad de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pueda formar parte del proceso, como un respaldo institucional adicional para asegurar la continuidad del proyecto en manos españolas.
El negocio detrás de Talgo
La operación tomó forma en febrero, cuando un consorcio liderado por Sidenor —e integrado también por el Gobierno vasco y las entidades financieras BBK y Vital— alcanzó un principio de acuerdo con el fondo Trilantic para adquirir su participación del 29,77% en Talgo.
Este bloque accionarial representa una parte clave de la compañía, y su traspaso marcaría un hito en la reconfiguración de la propiedad de la histórica fabricante de trenes.
Aunque aún no se ha hecho oficial el cierre definitivo de la operación, las declaraciones del ministro y los avances conocidos apuntan a un desenlace cercano.
Talgo, referente en la fabricación de trenes de alta velocidad y exportadora destacada de tecnología ferroviaria, representa un activo de gran valor estratégico.
Su permanencia bajo control nacional es vista por el Gobierno como una garantía de autonomía industrial y liderazgo tecnológico en un sector clave para el futuro del transporte.
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