El Gobierno ha echado atrás el intento del Partido Popular y Junts de eliminar el impuesto del 7% sobre la generación eléctrica. En una medida sorprendente, ha dejado sin efecto el Proyecto de Ley que regulaba el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, justo cuando se encontraba en tramitación en el Congreso de los Diputados.
La propuesta, respaldada por una enmienda del PP y Junts, planteaba suprimir este impuesto desde el 1 de enero de 2025, siempre que el sistema eléctrico no incurriera en déficit de tarifa. Sin embargo, el Gobierno bloqueó su aprobación en la Mesa del Congreso.
Quitar el impuesto incrementa la factura de la electricidad
La decisión del Ejecutivo ya fue anticipada por la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen, quien advirtió que suprimir este impuesto podría incrementar la factura eléctrica de los consumidores y desestabilizar el sistema.
La propuesta de eliminar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) surgió con la intención de reducir los costes de la electricidad y mejorar la competitividad de la industria. Sin embargo, Aagesen explicó que el sistema eléctrico necesita mantenerse equilibrado financieramente, y que la eliminación del impuesto reduciría ingresos que deberían compensarse de alguna otra forma.
Como explicó Aagesen en el Congreso: «Si no entran estos recursos, tienen que entrar de otro lado, y eso repercute directamente en los peajes y cargos que paga cada uno de los consumidores, incluidos los hogares, las empresas y el conjunto de la sociedad».
El IVPEE fue introducido como un tributo medioambiental que grava la generación de energía eléctrica. Su reactivación en 2024 fue progresiva: durante el primer trimestre se aplicó una tasa del 3,5%, en el segundo se incrementó al 5,25% y, desde julio, volvió a su valor original del 7%. Este impuesto supone una carga significativa para el sistema eléctrico, con ingresos superiores a 1.100 millones de euros anuales, y en algunos periodos incluso más de 1.600 millones.
A pesar de que en 2023 el sistema eléctrico español registró un superávit de ingresos de 3.903 millones de euros, fuentes del sector advierten que el equilibrio económico del sistema sigue siendo incierto. Estas fuentes señalan que el mantenimiento del IVPEE sigue siendo crucial para asegurar ingresos estables que contribuyan al equilibrio del sistema.
Este impuesto aumenta en un 7% el precio
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha cuestionado la continuidad del IVPEE, argumentando que este impuesto aumenta en un 7% el precio mayorista de la electricidad, lo que afecta directamente al consumidor final, incluidas las empresas industriales intensivas en energía. Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, subrayó que este gravamen afecta negativamente la competitividad de la industria española frente a otros países de la Unión Europea, donde no existe un impuesto similar.
En palabras de Reinoso: «Mantener este impuesto equivale a restar competitividad a la industria española frente al resto de Estados miembro de la UE. Su eliminación contribuiría a preservar la competitividad de la industria manufacturera intensiva en electricidad y ofrecería una señal clara y estable a los inversores».
Pese a las propuestas a favor de la eliminación del impuesto, el Gobierno insiste en que mantener el IVPEE es esencial para la sostenibilidad del sistema. La vicepresidenta Aagesen reconoció que se podrían estudiar medidas específicas para beneficiar a las energías renovables. Como añadió: «Eximir del pago del IVPEE a las renovables es algo que deberíamos analizar en referencia a la competitividad de esas instalaciones».
De forma irónica, esta medida del Gobierno llega el mismo día en que la Comisión Europea abre la puerta a los estados miembros a reducir los impuestos y gravámenes nacionales en la factura de la electricidad hasta los tipos mínimos, y eliminar los que no estén relacionados con la energía, trasladando los que financian las políticas energéticas al presupuesto general.
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