El Gobierno italiano defiende la legalidad de las condiciones impuestas a UniCredit en su OPA sobre BPM

Unicredit.Unicredit.

El Gobierno de Italia ha defendido la “plena legitimidad” de las condiciones impuestas a UniCredit en el marco de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco BPM, en una carta enviada por el Ministerio de Finanzas a la entidad bancaria dirigida por Andrea Orcel.

La comunicación se produce en el contexto de la supervisión del denominado ‘Golden Power’, el mecanismo con el que el Estado italiano puede intervenir en operaciones estratégicas que afecten sectores sensibles. El Ministerio no solo ha reafirmado la validez de sus disposiciones, sino también su “posibilidad de aplicación concreta”, ante las dudas expresadas por UniCredit.

En la carta, el Gobierno ha recordado que la entidad puede acreditar circunstancias que impidan cumplir algunas disposiciones concretas, siempre dentro del marco de los principios de colaboración leal y buena fe.

Esta respuesta llega después de que UniCredit presentara una demanda ante el Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lazio, cuestionando la legalidad de la aplicación del Golden Power tanto según el derecho italiano como el de la Unión Europea. A pesar de esta acción legal, el banco ha reiterado su disposición a seguir dialogando con las autoridades para aclarar el alcance normativo de las condiciones impuestas, y encontrar, si es posible, una solución mutuamente aceptable.

Por otro lado, la Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa (Consob), el regulador del mercado italiano, notificó el pasado 21 de mayo a UniCredit una suspensión de 30 días del plazo de aceptación de la OPA, que ahora se extiende hasta el 23 de julio de 2025. Esta prórroga busca garantizar que los inversores cuenten con información clara y suficiente para valorar adecuadamente la oferta.

La operación entre UniCredit y Banco BPM, de salir adelante, daría lugar a una de las mayores entidades bancarias de Italia, pero se encuentra en el centro de un complejo equilibrio entre los intereses financieros privados y la protección estratégica del sistema financiero nacional.

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