GettyImagenEl Ministerio para la Transición Ecológica desestimó la propuesta presentada por Iberdrola y Endesa para extender la actividad de las centrales nucleares españolas, al considerar que no cumple con los criterios mínimos establecidos por el Ejecutivo.
La iniciativa, enviada por carta al ministerio liderado por Sara Aagesen, fue calificada como una simple “declaración de intenciones” que no garantiza ni la seguridad, ni el suministro, ni el coste razonable para los ciudadanos.
La misiva no fue respaldada por Naturgy ni EDP, las otras dos compañías firmantes del protocolo de cierre nuclear acordado en 2019.
Esta falta de consenso es especialmente relevante en instalaciones como la central de Almaraz, gestionada por Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), donde las decisiones requieren unanimidad entre las propietarias: Iberdrola posee un 52,7 %, Endesa un 36 % y Naturgy el 11,3 %.
La propuesta de Iberdrola y Endesa
El plan presentado por las eléctricas contempla revisar el calendario de cierre de las centrales manteniendo 2035 como fecha final, pero proponiendo aplazar el cierre de los reactores de Almaraz a 2030, en lugar de 2027 y 2028 como establece el protocolo actual.
Esta medida implicaría una rebaja de la tasa Enresa, el tributo destinado a cubrir los costes de desmantelamiento y gestión de residuos, que podría reducirse hasta un 18 % al extenderse el periodo de aportación.
El Ejecutivo afirmó que cualquier planteamiento que implique cambios en la fiscalidad o beneficios económicos que perjudiquen a los consumidores será rechazado.
Naturgy abrió la puerta a debatir una posible ampliación del funcionamiento de Almaraz hasta 2030, aunque defiende una reflexión más amplia sobre el futuro de la energía nuclear en el país.
El debate fiscal se mantiene como el eje de la discordia, con tributos específicos como la tasa Enresa, el impuesto al combustible gastado y diversas ecotasas autonómicas.
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