Carlos Cuerpo: Twitter.La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea establece un cronograma para la implementación de nuevas normas fiscales a partir de 2025. Este plan incluye varias fechas importantes hasta que los países deban retomar el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda, suspendidos tras la pandemia cuando era necesario permitir un mayor gasto. Aunque los países debían presentar sus planes fiscales estructurales antes del 20 de septiembre, el Ejecutivo comunitario muestra flexibilidad en los plazos, permitiendo que el Gobierno retrase esta entrega a Bruselas hasta el 15 de octubre.
Carlos Cuerpo: Moncloa.
Este miércoles, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, confirmó: «España entregará su plan fiscal estructural conforme a lo establecido en la normativa el próximo 15 de octubre, al igual que la mayoría de los Estados miembros». Esta fecha coincide con el plazo límite para presentar el plan presupuestario de 2025 y fue mencionada en respuesta a una pregunta del PP en el Congreso sobre si cumpliría con el vencimiento del viernes 20 de octubre.
Los niveles de déficit en el plan fiscal
El plan fiscal estructural es el primer documento que los países deben presentar a la Comisión Europea para asegurar que se cumplirán los límites fijados por las normas fiscales, que incluyen un déficit no superior al 3% del PIB y una deuda que no exceda el 60%. Estos planes se elaboran para un periodo de cuatro años, aunque pueden extenderse hasta siete si los Gobiernos justifican reformas e inversiones adecuadas.
Argumentos de Carlos Cuerpo
Carlos Cuerpo ha señalado que el Ministerio de Economía está trabajando en un plan que sea «creíble, realista y práctico», pero también «ambicioso». Su objetivo es «mantener la disciplina fiscal que nos ha caracterizado en los últimos años», complementada con inversiones y reformas que continúen la modernización de la economía iniciada con el Plan de Recuperación. En este contexto, defendió que las nuevas reglas fiscales «están orientadas hacia una visión a medio plazo, que permite equilibrar la consolidación fiscal con la protección de la inversión pública«.
España se retrasará en la primera entrega que los Estados miembros deben realizar antes de la implementación de las nuevas normas fiscales. Aunque los objetivos de déficit y deuda se mantienen respecto a la anterior gobernanza económica, el nuevo marco se centrará en la trayectoria de gasto. En la hoja de ruta que el Gobierno debe presentar a Bruselas, se establecerá un límite al aumento del gasto anual. Este indicador se basará en el gasto primario neto, excluyendo los intereses de la deuda y otros gastos considerados cíclicos.
Fuentes de la Comisión Europea han indicado que se ofrecerá cierta flexibilidad a los países en la entrega de los planes estructurales, lo que significa que el retraso no será un gran inconveniente para España. Las normas estipulan que los Estados miembros y la Comisión pueden acordar extender ese plazo por un tiempo razonable, según han informado las fuentes comunitarias. En cualquier caso, Bruselas comenzará a evaluar los planes tan pronto como sean presentados y publicará su evaluación.