GettyImagenEl Gobierno español abonó por primera vez un laudo internacional derivado del recorte retroactivo a las primas de energías renovables aplicado entre 2010 y 2014.
La beneficiaria es la compañía japonesa JGC Holdings Corporation, que recibió un fallo favorable en 2021 por parte del CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Este paso podría marcar el inicio de una cascada de compensaciones, dado que permanecen pendientes de pago otros 26 laudos por el mismo motivo.
La decisión supone un giro relevante en la postura de España frente a los inversores extranjeros que en su día inyectaron más de 70.000 millones de euros en proyectos renovables en el país.
En total, los laudos condenatorios alcanzan los 1.500 millones de euros, a los que se suman otros 250 millones en sobrecostes judiciales y financieros.
El laudo internacional pagado
El caso de JGC Holdings, canalizado a través del fondo Blasket Renewable Investments, se resolvió con una condena de 31 millones de euros para España, incluyendo intereses y costas.
Aunque no se hizo pública la cantidad finalmente abonada, el pago representa un reconocimiento implícito de la responsabilidad por parte del Estado.
España afrontó un total de 51 procesos de arbitraje relacionados con las reformas del sistema de incentivos.
De las reclamaciones por valor de más de 10.600 millones de euros, el Estado logró evitar el pago de 7.830 millones, mientras que otros 1.291 millones continúan en litigio.
Muchos de estos procesos se canalizaron a través del Tratado de la Carta de la Energía, del que la UE se desvinculó en 2024.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, solo los laudos de inversores extracomunitarios deberían tener amparo legal en este marco, algo que será clave en la resolución de los casos pendientes.
Con este pago, España busca reducir riesgos legales y reputacionales, pero también afronta la presión de resolver el resto de arbitrajes que podrían suponer una pesada factura para el contribuyente.
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