PensionesEl sistema público de pensiones en España se encuentra en una situación de presión financiera sin precedentes, según un informe elaborado por Santiago Calvo y Daniel Fernández del Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides.
Los investigadores destacan que en 2024 el déficit básico del sistema alcanzó los 66.206 millones de euros, equivalentes al 4,2% del PIB, y que las cotizaciones sociales apenas cubren tres de cada cuatro euros del gasto en pensiones.
Para sostener el sistema, el Estado recurre de manera recurrente a transferencias extraordinarias y endeudamiento, aumentando la presión sobre unas finanzas públicas ya ajustadas.
“Sin el sistema de pensiones, España presentaría un superávit fiscal cercano al 1% del PIB”, señalan los autores.
Las proyecciones a futuro tampoco son alentadoras. Según el Ageing Report 2024 de la Comisión Europea, el gasto en pensiones ha pasado del 10,3% del PIB en 2021 al 16,7% en la actualidad, un incremento de 6,4 puntos en solo tres años.
“Este incremento sitúa a España como el país que registrará el mayor aumento del gasto en pensiones de toda Europa en las próximas dos décadas”, subrayan Calvo y Fernández.
El informe también cuestiona la efectividad del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, al que califica como “el timo de la hucha de las pensiones”.
Los autores explican que, aunque el fondo refleja un activo, genera simultáneamente un pasivo en forma de deuda pública, manteniendo una deuda neta de 117.000 millones de euros.
Sobre las pensiones
A finales de 2024 contaba con apenas 9.300 millones, suficiente para cubrir 52 días del déficit anual.
A nivel regional, solo Madrid, Baleares, Ceuta y Melilla presentan superávit contributivo, mientras que Andalucía, País Vasco y Galicia registran los déficits más elevados.
Los investigadores advierten que la situación requiere “una reforma estructural profunda y urgente” para equilibrar ingresos y gastos de forma sostenible y evitar consecuencias económicas, fiscales y sociales para las futuras generaciones.
El estudio concluye que las soluciones deben superar los artificios contables actuales, considerando de manera seria las proyecciones demográficas y económicas del país, para garantizar la estabilidad del sistema y la equidad intergeneracional.
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