Feijóo anuncia el nuevo plan de financiación autonómica del PP

Feijóo ha perfilado un plan de financiación autonómica con el que busca el apoyo de sus barones para hacer frente al cupo catalán. Este incluye un fondo transitorio y descarta por completo condonarle su deuda a las comunidades autónomas del país.

Feijóo

Los barones del PP han desmentido las declaraciones de María Jesús Montero, que acusa de manera recurrente a Alberto Núñez Feijóo de ser incapaz de arbitrar a lo mando territoriales de su partido en materia de financiación autonómica.

A decir verdad, las diversas comunidades en las que gobierna el PP actualmente tienen intereses divergentes a la hora de exponer las demandas necesarias para diseñar su nuevo sistema de financiación, que está pendiente desde 2015. De acuerdo con Génova, llegar a un acuerdo sobre este asunto es muy importante y complicado, pero eso no quita que sea posible.

De ahí procede el empeño de Feijóo por alcanzar una posición común con sus barones durante la reunión que mantendrá con ellos el 6 de septiembre. Esta es una cuestión prioritaria, pues, durante el curso que va a comenzar ahora, el PP centrará la mayor parte de su estrategia en combatir el cupo catalán pactado entre el PSC y ERC con el objetivo de investir a Salvador Illa como Presidente de la Generalitat. Este pacto ha suscitado mucha oposición, incluso en las propias filas del PSOE.

De acuerdo con los datos obtenidos por El Español, la dirección del PP ya tiene diseñado el plan de Feijóo para llevar a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica. Ahora, el objetivo es que los barones de las 12 comunidades gobernadas por los populares la acepten, respalden e implanten.

La de Feijóo es una propuesta económica muy similar a la Declaración de Santiago que firmaron 8 presidentes autonómicos en 2021 durante el simposio que convocó el propio Secretario General del PP cuando era Presidente de la Xunta de Galicia. Por aquel entonces, una de las prioridades a la hora de reformar el sistema financiero autonómico era el del «coste por servicio».

Así lo concluyeron Castilla La-Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Aragón, Cantabria, Asturias y La Rioja, comunidades que priorizan criterios como la despoblación o la dispersación de los habitantes. En este sentido, el PP aboga por tener en cuenta efectos como «la superfície, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad o el envejecimiento» a la hora de cuantificar lo que debe recibir cada comunidad española.

Dentro de su plan relativo a la financiación de dichos territorios, el PP establece varias premisas para realizar la reforma de este sistema: «Negociar siempre en el marco de la multilateralidad» y que «nadie debe perder, todos deben obtener los recursos necesarios».

Un fondo de 1.700 millones

Con el fin de evitar que las decisiones estén influidas por criterios políticos, la dirección popular defiende la «creación de un comité de expertos elegidos por las comunidades autónomas» en el que figuren profesionales «independientes». Ellos serán los responsables de elaborar «un calendario del proceso de negociación y su posterior aprobación».

Mientras tanto, para el PP es vital que el Gobierno de Sánchez apruebe la «creación de un fondo transitorio», una medida que llevan tiempo reclamando las comunidades autónomas peor financiadas: Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha. En total, estas piden que dicho fondo esté dotado con 1.700 millones para poder, con ellos, subsanar temporalmente su falta de recursos.

Asimismo, el PP rechaza la condonación de la deuda que poseen la comunidades autónomas con el Estado, procedente del acuerdo entre el PSOE, ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez y que este le perdonara a Cataluña su deuda de 15.000 millones. «Es una cuestión menor que busca otros efectos, vinculados a cuestiones políticas».

No obstante, en Génova, matizan que eso no impide que «tal y como reclaman los expertos», se analice una «reestructuración de la deuda» de las comunidades a fin de que una parte la conmute el Estado. Otra opción es cambiar las condiciones de la misma, alargando su plazo de vencimiento, por ejemplo. Eso sí, esto es posible siempre y cuando no se lleve a cabo ninguna negociación bilateral que acabe beneficiando a ciertas comunidades  y perjudicando a otras.

Sede del PP en la calle Génova de Madrid

Dentro del pan de Feijóo para reformar el sistema de financiación autonómica, destaca otro punto: realizar una auditoría del gasto público en el conjunto de las comunidades, y, «teniendo en cuenta los informes de Airef«, efectuar una «eliminación de duplicidades entre administraciones». De esta forma, Génova asegura que se puede incrementar la capacidad de ahorro autonómica.

En relación a las entregas a cuenta por parte del Ministerio de Hacienda a las comunidades, el PP apoya que estas se realicen anualmente. En la actualidad, la liquidación de los recursos tributarios se lleva a cabo cada 2 años.

En materia de inversiones, los populares quieren que exista una mayor cogobernanza entre el Estado y las autonomías. Sin embargo, también exige un mayor «respeto a la capacidad normativa de cada una». Esta es una cuestión que el PP ve prioritario incluir en el próximo modelo de financiación de las comunidades con el objetivo de evitar que el Gobierno central reduzca el margen que estas tienen para bajar sus impuestos.

Partiendo de esta base, Feijóo busca acercar posturas entre sus barones para, así, concluir la reunión del 6 de septiembre con una propuesta económica que respalden aquellos barones socialistas que se oponen al cupo catalán: Emiliano García-Page y Adrián Barbón.

Mediante la mentada estrategia, el PP pretende obligar a Sánchez a convocar una Conferencia de Presidentes donde abordar la reforma de la financiación autonómica, y, tras ella, un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Su finalidad es que el Ejecutivo renuncie a lo acordado entre el PSC y ERC, que contempla una negociación bilateral con Cataluña para constituir su polémico concierto económico.