Hacienda: ¿Cómo será el nuevo ‘impuestazo energético’?

El Ministerio de Hacienda ha decidido aplazar la reforma que busca convertir en permanentes los ‘impuestazos’ a las empresas de banca y energía, impuestos que se aplicaron temporalmente en respuesta al contexto económico. Para mantener la tributación de estos grandes grupos por los beneficios obtenidos este año, el Gobierno necesita aprobar esta reforma antes del 31 de diciembre. Sin embargo, la complejidad del proceso ha llevado a posponer su incorporación al marco legal.

Inicialmente, la intención del Ejecutivo era introducir esta reforma mediante una enmienda en la transposición de la directiva europea que establece una imposición mínima a las multinacionales. Esta directiva, que establece un tipo mínimo del 15% para multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros, se presentaba como una oportunidad para incluir los cambios en el gravamen a banca y energéticas. Sin embargo, los plazos para presentar correcciones a esta normativa se han ampliado repetidamente, con una última prórroga hasta el 3 de noviembre, lo que ha retrasado el avance de la reforma fiscal.

La ministra María Jesús Montero

Además de posponer la reforma, el Gobierno está evaluando un rediseño completo del conocido como impuestazo energético. En lugar de limitar el gravamen a los mayores grupos del sector (Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Acciona y Disa), el Ministerio de Hacienda contempla extenderlo a un abanico más amplio de empresas dentro de la industria energética. Este nuevo diseño podría implicar un cambio en el enfoque, aplicando el impuesto sobre el beneficio operativo de una mayor cantidad de empresas, en lugar de centrarse exclusivamente en las grandes corporaciones.

El objetivo de esta medida es incrementar la recaudación y hacer que el sector energético contribuya de forma más equitativa en un contexto de beneficios extraordinarios impulsados por los altos precios de la energía. Con esta estrategia, el Ejecutivo también pretende alinear el gravamen con la estructura del mercado y distribuir mejor la carga tributaria entre un mayor número de actores del sector.

Este rediseño, aún en estudio, refleja la voluntad del Gobierno de adaptar su política fiscal a la realidad económica y de mantener una fuente de ingresos clave para financiar el gasto público. No obstante, la decisión final sobre el alcance y la implementación de estas reformas dependerá de las negociaciones y del consenso que logre el Ejecutivo en el Parlamento.

Impacto del impuestazo de Hacienda

La idea es aprobar antes de que termine el año un real decreto ley que establezca estos impuestos de forma definitiva. No obstante, las empresas han mostrado su rechazo frontal, advirtiendo de que la medida podría llevar a una fuga de inversiones hacia otros países.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha reiterado esta postura en una conversación informal durante el Congreso del Instituto de la Empresa Familiar (IEF). Garamendi criticó la medida por considerarla un cambio de rumbo por parte del Gobierno, que inicialmente había prometido que los impuestos serían temporales. Advirtió que hacerlos permanentes podría afectar gravemente a las inversiones en España.

Estos gravámenes, introducidos a finales de 2022 como “prestaciones patrimoniales de naturaleza no tributaria”, fueron inicialmente concebidos como una medida temporal para los años 2023 y 2024, afectando a los ingresos obtenidos por el sector financiero y energético. Sin embargo, el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar busca mantener y readaptar estos impuestos más allá de su plazo original.

Por su parte, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió recientemente la permanencia de los impuestos, aunque reconoció la necesidad de ajustarlos en función de la situación del sector energético y del ciclo financiero.

El debate ha provocado ya repercusiones entre las empresas afectadas. Repsol, por ejemplo, ha congelado inversiones “verdes” en sus refinerías en España mientras espera conocer la evolución de la normativa, y ha decidido avanzar en proyectos en Portugal. Este movimiento ha encendido las alarmas en sindicatos como CCOO Industria, que han solicitado una reunión urgente con la compañía.

En este contexto, Ignacio Juliá, consejero delegado de Santander España, ha pedido un marco regulatorio sin cargas para fomentar la inversión y la creación de empleo de calidad, apuntando a la necesidad de políticas que apoyen el crecimiento económico sostenido.