HaciendaLa Agencia Tributaria publicó su duodécima lista de grandes morosos, correspondiente al cierre de 2024, reflejando una tendencia paradójica: aunque hay menos contribuyentes incluidos en el listado, el monto total adeudado al fisco aumentó.
En concreto, 5.997 deudores —1,4% menos que en junio de 2023— acumulan obligaciones impagadas por valor de 16.138 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,9%.
El listado, que expone a quienes deben más de 600.000 euros a Hacienda y no regularizaron su situación antes del 31 de diciembre, presenta algunos matices relevantes.
Excluyendo duplicidades por deudores principales y responsables solidarios, la deuda neta asciende a 13.697 millones, un 8,5% más que el año anterior, según cifras oficiales.
El 28% del total corresponde a contribuyentes inmersos en procesos concursales, lo que complica su cobro.
Detalles sobre morosos
De los 1.224 deudores en esta situación, se concentran 4.508 millones de euros, frente a los 4.724 millones y 1.340 deudores del año previo.
De los morosos actuales, 1.077 son personas físicas (1.579 millones) y 4.920 personas jurídicas (14.558 millones).
En cuanto a responsabilidades derivadas, Hacienda ha extendido la obligación de pago a terceros en 2.185 casos, por un importe superior a los 2.858 millones.
El listado se actualizó con 718 nuevos nombres, responsables de una deuda conjunta de 2.272 millones.
En paralelo, 805 contribuyentes salieron de la lista tras cancelar sus deudas o acogerse a suspensiones legales, representando una reducción de 1.361 millones de euros.
También destaca que 1.748 deudores listados en junio de 2024 abonaron 221 millones desde entonces.
Además, otros 97,95 millones fueron ingresados por contribuyentes que evitaron su inclusión, ya fuera antes de la fecha de referencia o tras el pago íntegro exigido por ley.
El Tribunal Supremo, por su parte, restringió el alcance de esta herramienta, al excluir de la lista a la Tesorería General de la Seguridad Social por no cumplir los requisitos de firmeza en la deuda, y ha reforzado la protección de la presunción de inocencia en casos vinculados a delitos penales.
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