BBVA y Banco SabadellEl Ministerio de Economía, Comercio y Empresa cerró este viernes el plazo de participación en una consulta pública inédita sobre la oferta pública de adquisición (OPA) que BBVA pretende lanzar sobre Banco Sabadell.
Según explicó el ministro Carlos Cuerpo, el objetivo de esta iniciativa no es decidir en términos binarios si se impone o no la operación, sino recabar “información cualitativa relevante” sobre los motivos de interés general de los actores involucrados.
“La consulta no se plantea como un sí o un no a la imposición de condiciones o como un sí o un no a la propia OPA”, remarcó Cuerpo en declaraciones a La Hora de La 1.
El Ejecutivo puso especial atención en los datos recibidos, sometiéndolos a un proceso de verificación para garantizar su validez.
Según el ministro, se está realizando una labor minuciosa de “limpieza”, eliminando respuestas con correos inválidos, lenguaje ofensivo, nombres inexistentes y DNIs no verificables.
En paralelo, el Gobierno evalúa el impacto que la operación pueda tener sobre el empleo y la inclusión financiera, en línea con las preocupaciones expresadas por los sindicatos CCOO y UGT en un escrito reciente.
“No podemos dar pasos atrás, en este caso, en nuestra agenda de inclusión financiera”, subrayó Cuerpo, insistiendo en la importancia de preservar el empleo y la cohesión territorial.
Lo que queda para el BBVA y Sabadell
La consulta culmina una fase clave antes de que el Ministerio decida, a más tardar el 27 de mayo, si remite el expediente al Consejo de Ministros.
Este, a su vez, tendrá un mes para pronunciarse: podrá aprobar la operación tal como fue autorizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), o imponer condiciones adicionales.
La normativa no contempla la posibilidad de un veto directo por parte del Gobierno.
La CNMC ya aprobó la OPA en fase 2 el pasado 30 de abril, tras detectar riesgos en banca minorista y medios de pago.
Sin embargo, consideró “adecuados, suficientes y proporcionados” los compromisos asumidos por BBVA, entre ellos, garantizar oficinas y cajeros en zonas vulnerables.
Estos compromisos tendrán un seguimiento durante al menos 18 a 36 meses, prorrogables según el caso.
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