Hungría investiga a Ryanair por posibles prácticas comerciales engañosas en su web

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La Oficina de Competencia Económica (GVH) de Hungría abrió un procedimiento de supervisión contra la aerolínea Ryanair, al considerar que existen indicios de posibles prácticas comerciales desleales durante el proceso de reserva de billetes en su plataforma digital.

Según comunicó organismo, la actuación se centra en la sospecha de que la compañía irlandesa podría estar induciendo a error a los consumidores y ejerciendo “presión psicológica” para que elijan paquetes de tarifas más costosos.

Aunque todavía no se determinó ninguna infracción concreta, el objetivo del procedimiento es esclarecer los hechos y verificar si efectivamente se produjo una conducta contraria a la normativa vigente.

Entre las preocupaciones de la GVH destaca que Ryanair no informa “adecuadamente” a los usuarios, en el caso de billetes de ida y vuelta adquiridos simultáneamente, ni en reservas conjuntas para varios pasajeros.

Según el organismo, las tarifas de los paquetes ‘Regular’, ‘Plus’ y ‘FlexiPlus’, así como ciertos servicios adicionales, deben abonarse por separado tanto para la ida como para la vuelta, y también por cada pasajero individualmente, sin que esto se explique con claridad.

Sospechas sobre Ryanair

Además, el regulador denuncia que la aerolínea recurre al uso de “colores llamativos, imágenes y leyendas” en su página web en húngaro, lo que podría generar confusión en el consumidor al presentar la tarifa ‘Regular’ como más ventajosa que la ‘Basic’.

En realidad, la tarifa final podría ser menor si el viajero selecciona manualmente los servicios adicionales incluidos en el paquete.

El GVH también alerta de una posible “manipulación” en la promoción del servicio opcional ‘Fast Track de seguridad’, señalando que Ryanair “probablemente limita de manera significativa la libertad de elección y de comportamiento de los consumidores”, lo que podría constituir otra práctica desleal.

El procedimiento tendrá una duración inicial de tres meses, prorrogables hasta un máximo de cuatro meses adicionales, sin contar el tiempo que pueda requerirse para recopilar información adicional por parte de los consumidores.

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