Juicio entre Repsol e IberdrolaEl Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander será escenario de un inédito enfrentamiento entre dos gigantes del sector energético en España. Iberdrola ha demandado a Repsol por “competencia desleal” y “publicidad engañosa”, marcando el primer juicio en el país relacionado con greenwashing o blanqueo ecológico.
La demanda, presentada el 21 de febrero en Santander, acusa a Repsol de prácticas publicitarias que, según Iberdrola, transmiten una imagen de sostenibilidad que no se corresponde con la realidad. Repsol intentó que el caso se trasladara a Madrid por implicar a su matriz, pero esta solicitud fue rechazada.
La acusación: Greenwashing sistemático
Iberdrola alega que Repsol lleva a cabo de forma reiterada prácticas de greenwashing, intentando posicionarse como una empresa sostenible y respetuosa con el medioambiente. Según la eléctrica, la petrolera “fomenta el uso de combustibles” y es “la compañía con mayores emisiones de gases de efecto invernadero” en España. Afirman también que en 2022, apenas un 0,4 % de los ingresos de Repsol provinieron de generación renovable.
En su demanda, Iberdrola solicita que Repsol elimine buena parte de su comunicación corporativa, acusándola de infringir varios artículos de la Ley de Competencia Desleal relacionados con actos engañosos, omisiones y publicidad ilícita.
La defensa de Repsol
Repsol rechaza las acusaciones y sostiene que la demanda es infundada. Su CEO, Josu Jon Imaz, ha acusado a Iberdrola de no estar acostumbrada a competir en un mercado abierto y depender de “entornos regulados del Boletín Oficial del Estado.” Además, vincula la acción legal al crecimiento acelerado de Repsol en el mercado eléctrico: la petrolera superó en 2026 los 2,1 millones de clientes de electricidad, convirtiéndose en la cuarta comercializadora del país.
Según fuentes del mercado, si se considera que Repsol no puede publicitarse como sostenible, el mismo criterio debería aplicarse a Iberdrola, dado que un 20 % de su producción en 2022 provino de centrales de ciclo combinado que utilizan gas natural.
Respaldo a Repsol y papel de Autocontrol
El organismo regulador Autocontrol emitió en abril un dictamen favorable a Repsol, afirmando que Iberdrola no presentó pruebas suficientes para cuestionar la sostenibilidad de los combustibles elaborados con residuos orgánicos. Según Autocontrol, estos productos cumplen con la regulación europea y estatal.
Controversias políticas y el papel de Teresa Ribera
El conflicto también ha salpicado a Teresa Ribera, vicepresidenta en funciones. Aunque ha mantenido una postura neutral, celebró en redes sociales que el greenwashing sea llevado a los tribunales. Ribera ha tenido enfrentamientos previos con Imaz, a quien acusó de “negacionismo” y “retardismo” en temas climáticos.
Un caso pionero con pocos precedentes
La demanda de Iberdrola es inédita en España y tiene escasos antecedentes a nivel global. Uno de los casos más destacados ocurrió en Alemania, donde una investigación sobre greenwashing llevó a la renuncia de Asoka Woehrmann, CEO de la filial DWS de Deutsche Bank, en 2022. La empresa fue multada con 25 millones de dólares en 2023.
El sector financiero es especialmente vulnerable a este tipo de sanciones. Instituciones como HSBC y Goldman Sachs han enfrentado multas por promocionarse como sostenibles mientras financiaban actividades contaminantes, según un informe de S&P.
Marco legal en España: A la espera de cambios
En España, la legislación sobre greenwashing es más permisiva en comparación con otros países. Según May López, profesora de OBS Business School, los casos suelen derivarse de denuncias internacionales debido a los vacíos legales locales. La Ley 11/2018 aborda aspectos de sostenibilidad empresarial, pero deja lagunas importantes en lo relativo al greenwashing.
Isabel Sánchez, profesora de la Universidad Carlemany, destaca que la nueva Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) supondrá un avance significativo. Además, señala que estas prácticas podrían encuadrarse bajo delitos ya existentes, como estafa, gestión desleal o falsedad documental, los cuales son “perseguibles de oficio” y no requieren una denuncia específica.
El resultado de este juicio podría sentar un precedente clave para regular y sancionar el greenwashing en España, marcando un hito en la transición hacia un entorno corporativo más transparente y sostenible.
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