Agencia TributariaJunts ha lanzado una propuesta bastante importante para pymes y autónomos: que no tengan que pagar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), o al menos, que el palo fiscal sea bastante más suave. Y ojo, que el Gobierno no ve con malos ojos la idea, sobre todo si a cambio consigue que los catalanes apoyen la nueva jornada laboral de 37,5 horas.
Ahora mismo, si facturas menos de un millón de euros al año, estás exento de pagar este impuesto que recaudan los ayuntamientos. Pero lo que plantea Junts es subir ese umbral hasta los 2 millones. ¿La idea? Dar algo de aire a las empresas más pequeñas, que son las que más aprietan los dientes para llegar a final de mes.
Pero la propuesta no se queda ahí. Para las empresas que sí superen esos 2 millones de facturación anual, Junts propone una deducción en el Impuesto de Sociedades por lo que paguen de IAE. En resumen: pagas a tu ayuntamiento como siempre, pero luego se lo descuentas a Hacienda en la declaración anual. Un «te lo quito de un lado, pero te lo devuelvo por otro», para que los municipios no se queden sin ese dinero.
¿Y cómo se haría esto?
Pues el Estado asumiría esa pérdida de ingresos a través de una menor recaudación por Sociedades, pero los ayuntamientos seguirían cobrando su parte entera. Es una forma de cuadrar las cuentas sin dejar tiradas ni a las empresas ni a los consistorios.
Aunque esto va para toda España (porque toca leyes estatales como la de Sociedades y la de Haciendas Locales), Junts remarca que la medida es clave para que los municipios catalanes sigan ingresando lo que les toca sin comprometer servicios públicos.
¿Quién se puede acoger?
Las empresas o autónomos que quieran aprovechar esta deducción tendrán que demostrar que han pagado el IAE (con los papeles oficiales de Hacienda local, claro). Pero cuidado, no vale deducirse más de lo que te salga a pagar en el Impuesto de Sociedades.
Ejemplo: si una empresa paga 10.000 € de IAE pero le toca pagar solo 9.000 € de Sociedades, solo podrá descontarse esos 9.000 € ese año. El resto (los 1.000 € sobrantes) se pueden ir aplicando en los siguientes diez años, si hay cuota suficiente.
La ley también incluye un blindaje para que esta deducción no afecte ni a las tarifas ni a cómo se clasifican las actividades. Además, contempla ciertos ajustes para las empresas que estén en crisis y tengan en marcha un plan de reestructuración.
Si la ley se aprueba este año, entraría en vigor el 1 de enero de 2026.
Por ahora, el texto ha entrado en el Senado sin que el Gobierno haya mostrado pegas ni haya movido ficha con una propuesta alternativa. Así que todo apunta a que va a empezar su camino parlamentario.
Junts defiende que bajar la presión fiscal a las pymes y autónomos les dará margen para invertir, innovar y crear empleo. Es decir, oxígeno para el motor económico del país.
© Reproducción reservada