BBVA y Banco SabadellLa consulta pública abierta por el Ministerio de Economía para recabar opiniones sobre la oferta pública de adquisición (OPA) del BBVA al Banco Sabadell ha puesto de manifiesto la profunda preocupación de empresarios, sindicatos y asociaciones de consumidores por el posible impacto en el empleo y el cierre de oficinas.
Desde que se lanzó la OPA hace más de un año, el Gobierno se mostró contrario a la operación, temiendo que pudiera dificultar el acceso al crédito para familias y empresas, así como reducir la remuneración de los depósitos. Sin embargo, el punto más sensible ha sido el riesgo de despidos y el cierre de sucursales, que afectaría a miles de trabajadores.
Los sindicatos fueron los primeros en alertar que no permitirán que sean los empleados quienes paguen las consecuencias de la fusión, aunque desde las secciones sindicales del BBVA y Sabadell han mostrado disposición a negociar, dado que los recortes en el sector bancario se han llevado a cabo históricamente de manera consensuada.
Las condiciones para la salida de empleados, incluyendo prejubilaciones con mantenimiento de parte del sueldo, explican que en los recientes ajustes de plantilla en ambas entidades se alcanzaron mayores adhesiones de lo esperado, lo que evitó una salida masiva de trabajadores.
No obstante, el posible impacto sobre el empleo sigue siendo una preocupación clave dentro del Gobierno de coalición, en especial para la vicepresidenta Yolanda Díaz. Desde la oposición, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido al Ejecutivo que proteja los puestos de trabajo en BBVA y Sabadell.
Sin embargo, no todos están en contra de la operación. La patronal CEOE, representada por su presidente Antonio Garamendi, se ha mostrado neutral, mientras que la Asociación Española de Consumidores ha enviado un informe favorable al Ministerio.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya dio luz verde a finales de abril con condiciones para la compra, siempre que los accionistas de Sabadell acepten la oferta. Aunque el Gobierno no puede impedir la OPA, sí tiene la última palabra para autorizar o imponer nuevas condiciones a una eventual fusión, por motivos distintos a la competencia.
Por ello, el pasado 7 de mayo el Ministerio abrió esta consulta pública, activa hasta la medianoche del viernes 16 de mayo, para que cualquier interesado pueda expresar si la operación plantea problemas de interés general más allá de los aspectos de competencia.
El Banco Sabadell, sindicatos, asociaciones empresariales y de consumidores participaron en esta consulta, aunque algunos optaron por enviar documentos y cartas directas. Por ejemplo, empresarios catalanes enviaron una misiva al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con hasta cinco argumentos para justificar la intervención estatal.
Los sindicatos CCOO y UGT adjuntaron un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid que estima una posible pérdida de entre 7.684 y 10.567 empleos, además del cierre de entre 589 y 883 oficinas.
Hasta el momento, el BBVA no ha facilitado cifras concretas sobre el impacto laboral, aunque ha sugerido que será menor que en fusiones anteriores, recordando que ambos bancos realizaron recientes ajustes de plantilla con la aprobación sindical. En el caso del BBVA, salieron 2.900 trabajadores, aunque otros 3.300 solicitaron abandonar sus puestos, sin que el banco aceptara.
Respecto a las oficinas, BBVA anunció desde el inicio que su plan contempla el cierre de unas 300 sucursales, comprometiéndose ante la CNMC a clausurar solo aquellas situadas a menos de 300 metros unas de otras.
El resultado de esta consulta y la decisión final del Gobierno serán decisivos para el futuro de la OPA y el sector bancario español.
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