La Justicia de EE.UU. exige a Argentina ceder 51 % de YPF a Burford y Eton Capital

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Un nuevo golpe judicial sacude a Argentina: la jueza Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, ha ordenado al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de la petrolera estatal YPF a los fondos Burford Capital y Eton Capital, como parte del cumplimiento del fallo por la expropiación de 2012.

Según el dictamen, el Gobierno argentino debe depositar las acciones de clase D de YPF en una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon Corporation en un plazo de 14 días desde la fecha de la orden judicial. El país aún puede apelar la decisión, aunque se enmarca en una causa por la que ya fue condenado a pagar más de 16.000 millones de dólares (unos 13.588 millones de euros).

El fallo responde a la demanda presentada por los fondos de inversión, que argumentan que durante la nacionalización de YPF —llevada a cabo por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012— el Estado argentino debía haber lanzado una oferta de adquisición por la totalidad de la compañía, tal como exigía el estatuto societario, y no por una porción parcial.

Tras conocerse la resolución, las acciones de YPF sufrieron una caída del 3,43% en la bolsa local y de más del 5% en Wall Street, reflejando la incertidumbre del mercado ante el posible cambio en el control accionario de la petrolera.

Desde la expropiación, Argentina ha mantenido el control mayoritario de YPF, lo que le ha permitido definir las decisiones estratégicas de la empresa, como la elección del consejo de administración o la aprobación de planes de inversión. Esta situación podría cambiar de forma radical si se concreta la cesión ordenada por la jueza Preska.

El fondo Burford Capital, que adquirió los derechos litigiosos del caso hace años, ya había solicitado en abril de 2024 la ejecución de medidas para tomar el control de las acciones, incluyendo embargos y otros mecanismos de cobro forzoso.

Este fallo añade presión a un contexto económico y político delicado para Argentina, y podría tener importantes implicaciones legales y financieras, tanto para el país como para el futuro de YPF como empresa estratégica del sector energético.

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