Pedro SánchezEl Consejo de Ministros aprobará mañana el mismo techo de gasto que no pudo sacar adelante en julio, con el objetivo de que se vote en el Congreso la próxima semana. Con ello, la Moncloa busca reactivar el calendario con la mirada puesta en los Presupuestos de 2025, que se presentarán en octubre en la Cámara Baja. El límite de gasto no financiero será de 199.171 millones de euros, y la senda de estabilidad llevará el déficit al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027. Durante los próximos tres años, las comunidades autónomas podrán tener un saldo negativo del 0,1%, mientras que los ayuntamientos deberán mantener el equilibrio presupuestario.
Este será el segundo y último intento. Si la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, no logra un acuerdo sobre el techo de gasto y reconstruir puentes con Junts, el Gobierno se vería obligado a prorrogar las Cuentas de 2023, lo que confirmaría la inestabilidad parlamentaria y complicaría la aprobación de iniciativas clave como el pacto fiscal con ERC para Cataluña o la reforma del modelo de financiación autonómica. Otras medidas, como el aumento de la presión fiscal sobre las clases más altas o la reducción de la jornada laboral impulsada por Yolanda Díaz, también quedarían en suspenso.
María Jesús Montero
La clave está en manos de Junts, que desde julio ha marcado distancias con el bloque de investidura. «No formamos parte de ningún bloque», afirmó Jordi Turull, secretario general de Junts, en declaraciones a TV3. El partido independentista condiciona su apoyo a los Presupuestos al cumplimiento del ‘acuerdo de Bruselas’, cuya principal exigencia es la Ley de Amnistía.
El acuerdo de Bruselas
El acuerdo incluye la aprobación de la Ley de Amnistía, que el Gobierno impulsó el 30 de mayo, pero Junts sostiene que su aplicación no es completa. Turull ha exigido que el presidente Sánchez obligue al Fiscal General del Estado a presentar una querella contra los jueces que no están aplicando la ley. El acuerdo también contempla la cesión del 100% de los tributos que se pagan en Cataluña a la Generalitat, algo que, según el Ejecutivo, se resolvería con el pacto fiscal entre el PSC y ERC.
Sin embargo, Junts ha agregado nuevas demandas. Exigen mayor inversión del Estado en la red ferroviaria de Rodalies en Cataluña, así como un compromiso para incrementar la ejecución presupuestaria en la región. «En 2023, Cataluña solo recibió el 45% de lo presupuestado, mientras que en Madrid fue del 212%«, denunció la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, en Catalunya Ràdio.
En el plano político, las relaciones entre la Moncloa y Junts se encuentran en un momento delicado. El senador Eduard Pujol advirtió que, sin un concierto económico para Cataluña, sería game over para las negociaciones. La respuesta de Montero fue clara: «El acuerdo no satisface todas sus máximas aspiraciones, ni las de ERC, pero ¿por qué demonizarlo?», preguntó.