Pescanova Pescanova SA, conocida como la “vieja Pescanova”, ha cerrado el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2025 (de diciembre de 2024 a febrero de 2025) sin actividad comercial y con unas pérdidas reducidas de 2.000 euros, muy por debajo de los 33.000 euros registrados en el mismo periodo del año anterior.
La empresa, que desde su proceso concursal y la posterior creación de Nueva Pescanova opera como una sociedad de cartera sin actividad productiva, cuenta como principal activo con una participación del 0,21% en la nueva compañía pesquera.
En este trimestre, la compañía declaró ingresos de 79.000 euros, en su mayoría procedentes del apoyo financiero anual establecido en los acuerdos de segregación firmados en septiembre de 2015 con Nueva Pescanova. Los gastos, por su parte, ascendieron a 96.000 euros, repartidos principalmente entre servicios de asesores externos (18.000 euros), remuneraciones al consejo (43.000 euros), y costes financieros y provisiones (35.000 euros).
A cierre del periodo, Pescanova SA presenta un patrimonio neto negativo de 6,37 millones de euros y no ha realizado ninguna inversión o desinversión significativa.
Situación legal y responsabilidad civil pendiente
En el plano judicial, la vieja Pescanova ha presentado este mes una demanda incidental en el marco del concurso de acreedores. Busca que se reconozca que ciertos créditos reclamados por accionistas —relacionados con una sentencia por falsedad contable— sean considerados créditos concursales no concurrentes. La empresa argumenta que estos hechos ocurrieron antes del concurso, los acreedores no comunicaron sus créditos a tiempo y, por tanto, solo podrían cobrarse fuera del proceso concursal y con una quita del 97,5% establecida en su convenio.
En cuanto a la responsabilidad civil derivada de la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2023, que condenó al expresidente Manuel Fernández de Sousa-Faro a seis años de prisión por falsear cuentas y alzamiento de bienes, la compañía asegura que aún no se puede determinar ni el plazo ni la cuantía final de su responsabilidad.
Aunque la sentencia fijaba una indemnización solidaria con Fernández de Sousa-Faro por más de 125 millones de euros, Pescanova SA sostiene que será el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra quien deba determinar si estas cantidades pueden ejecutarse, considerando la quita concursal. Además, advierte sobre “cuantificaciones abusivas” reclamadas por algunos inversores y rechaza aquellas presentadas por acreedores que ya han vendido sus títulos o reestructurado sus créditos.
Por ahora, la única cifra firme es la multa penal impuesta a la empresa, de 21.900 euros, que también estaría sujeta a la misma quita.
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